Este año, México llevará a cabo un proceso histórico y extraordinario para seleccionar jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF). Sin embargo, lo que podría haber sido una muestra de madurez democrática se ha convertido en una encrucijada jurídica y política que amenaza con deslegitimar todo el proceso.
El origen de la situación actual radica en la reforma judicial promulgada en septiembre de 2024, la cual estableció nuevos mecanismos para la selección de personas juzgadoras. Esta reforma buscaba garantizar la llegada de perfiles éticos y profesionalmente idóneos. Para ello, se crearon comités evaluadores en los tres poderes del Estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial.
El 22 de enero de 2025, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ordenó al Comité de Evaluación Judicial reanudar las labores que había suspendido para evaluar a los aspirantes. Sin embargo, el Comité se declaró imposibilitado para acatar dicha orden debido a una sentencia emitida por un juez de Michoacán, que había concedido una suspensión definitiva en favor de la Asociación Nacional de Magistrados, con el objetivo de evitar un “cese masivo” de funcionarios judiciales.
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Ante ello, el Comité del PJF presentó una controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), alegando un conflicto de competencias entre el TEPJF y el juez de distrito. La Corte otorgó una medida cautelar que permitió al Comité mantenerse inactivo hasta que el conflicto fuese resuelto.
El pasado 27 de enero de 2025, los cinco integrantes del Comité del PJF presentaron su renuncia, argumentando la “imposibilidad jurídica” de continuar con sus funciones. En su carta de dimisión, destacaron que habían aceptado el cargo con la convicción de contribuir a la selección de perfiles éticos y profesionales, pero que el entorno jurídico hacía inviable su labor. Con esta renuncia, el proceso quedó en manos de los comités del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo.
Para desbloquear la situación, la magistrada presidenta del TEPJF, Mónica Soto, propuso una solución controversial: que el Senado asumiera las funciones del Comité de Evaluación Judicial, seleccionara a los candidatos y enviara las listas finales al Instituto Nacional Electoral (INE). Si la SCJN no respondía, el Senado podría aplicar la figura de “afirmativa ficta” para validar las listas. La Corte respondió y rechazó asumir las funciones del Comité Judicial y seguir con la selección de aspirantes.
Esta solución, aunque pragmática, generó serios cuestionamientos. En primer lugar, porque, se dice, excede las facultades del TEPJF al delegar funciones al Senado que originalmente correspondían al Comité Judicial. En segundo lugar, porque pone al INE en una situación compleja: si acepta las listas del Senado, podría violar la Constitución; si las rechaza, podría ser acusado de desacato al Tribunal Electoral.
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El éxito o fracaso de esta elección afectará la legitimidad del PJF, pero también la confianza ciudadana. Además, el contexto político actual, marcado por las críticas del gobierno morenista a la judicatura, hace que esta elección sea vista como una prueba crucial para la independencia judicial.
La falta de claridad en la implementación de la reforma judicial y la descoordinación entre las instituciones involucradas han generado un ambiente de incertidumbre. Existe el riesgo de que los conflictos continúen escalando, lo que podría llevar a la anulación del proceso o a una elección carente de legitimidad.
Por ello, las autoridades deben informar, con transparencia, cada etapa del proceso, reconozcan los errores cometidos y ajusten las estrategias para garantizar una elección justa y constitucional.
