México enfrenta una de las situaciones económicas más complejas y decisivas de su historia reciente. En medio de la desaceleración económica, el país se encuentra al borde de una recesión de consecuencias impredecibles.
La economía mexicana, marcada por la dependencia excesiva de las exportaciones hacia Estados Unidos, está siendo golpeada por las presiones de los aranceles anunciados por la administración de Donald Trump, quien ha justificado estas medidas bajo la premisa de proteger a los estadounidenses del flujo de drogas y migración. Este frente externo se suma a los problemas internos de un modelo económico que, desde la llegada al poder de la llamada Cuarta Transformación, ha apostado todo al gasto social, pero sin contar con nuevas fuentes de financiamiento que lo respalden de manera sostenible.
El gobierno de Claudia Sheinbaum ha enfocado su agenda en el bienestar social, otorgando recursos a los grupos más vulnerables mediante programas como la Pensión del Bienestar y becas para estudiantes. Estas políticas han elevado su popularidad, pero al mismo tiempo, han generado una dependencia que, sin una estructura fiscal robusta, podría resultar insostenible.
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Las cifras proyectadas en los “Precriterios de Política Económica 2026”, enviados por la Secretaría de Hacienda al Congreso, evidencian la fragilidad del modelo: el déficit presupuestal crece mientras los ingresos fiscales no alcanzan para financiar la expansión de estos programas sociales. Incluso los analistas ya alertan sobre el riesgo de una crisis de deuda que podría afectar la estabilidad económica del país.
A esta crisis estructural se suman las presiones externas, como las tarifas impuestas por Estados Unidos, que afectan principalmente sectores clave como el automotriz, la agricultura y la manufactura. Las proyecciones más recientes indican que, de mantenerse los aranceles, el Producto Interno Bruto (PIB) de México podría caer hasta un 1.3% en 2025, lo que pondría en peligro años de modesto crecimiento y agravaría aún más la situación fiscal del país.
Los efectos sociales de esta tormenta perfecta son preocupantes. El desempleo podría alcanzar cifras alarmantes si las exportaciones caen, mientras las empresas se verán obligadas a ajustar sus operaciones, lo que podría generar una bomba de tiempo para la inseguridad y el aumento de la delincuencia, un fenómeno histórico asociado a las crisis económicas.
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Ante este panorama, es urgente una reforma fiscal integral que le dé viabilidad al modelo económico actual. México no puede seguir viviendo a costa de un endeudamiento creciente y una dependencia de los recursos naturales y las remesas. La falta de nuevas fuentes de financiamiento ha puesto al país en una situación límite. El gobierno tiene que diversificar sus ingresos, reformar su sistema tributario y promover una mayor inversión interna y externa. Al mismo tiempo, debe replantear el papel del Estado en la economía, no solo como un distribuidor de recursos, sino como un generador de condiciones para el crecimiento económico sostenible.
La actual estrategia de atraer inversiones y generar empleos mediante el “Plan México” es ambiciosa, pero dependerá de un entorno global que parece cada vez más hostil, con un vecino del norte decidido a dificultar el comercio y el desarrollo económico de su socio mexicano.
El país se encuentra ante una encrucijada histórica. El modelo de bienestar social, que ha sido la base del gobierno de la Cuarta Transformación, ha mostrado claros signos de agotamiento. México necesita urgentemente una reforma fiscal que lo libere de su dependencia de programas sociales insostenibles y le permita afrontar los desafíos internos y externos.
