En lo que va de este mes han sucedido cosas extraordinarias: se pospusieron los aranceles, se enviaron 29 jefes del narcotráfico a Estados Unidos, se llevó a cabo una reunión de apoyo a la presidenta en el Zócalo Capitalino, donde se evidenció el arropamiento de las bases a la jefa del Estado Mexicano, pero también el descuido de la dirigencia de su partido y de sus bancadas en ambas cámaras del Congreso de la Unión.
Pero también se suscitó un hecho que ha pasado casi desapercibido, me refiero al hallazgo de un campo de exterminio donde se entrenaba y deshumanizaba a los jóvenes reclutados por el Cártel Jalisco Nueva Generación. A su vez, el día de ayer se aprobó en la Cámara de Diputados la iniciativa que establece en la Constitución que no se tolerará la injerencia extranjera y se le impondrá la medida cautelar de prisión preventiva al terrorismo.
Los únicos factores comunes a todos estos acontecimientos son el narcotráfico y la relación con los Estados Unidos. Ambas cosas dominan la agenda hoy y están estrechamente ligadas. El hecho de que los cárteles hayan sido declarados como terroristas, y que hoy nuestra constitución diga que el terrorismo amerita prisión preventiva oficiosa, casi podría encontrar en la realidad su expresión más cruda (hasta ahora) en el exterminio de al menos 200 personas en un rancho de Jalisco, su incineración y la violencia con la que fue tratada gente que solo buscaba trabajo.
Vale la pena preguntarnos ¿Califica como terrorismo secuestrar, torturar, exterminar y desaparecer a 200 personas como parte del proceso de reclutamiento de una organización criminal catalogada por EUA como terrorista? ¿Cómo será tomado por nuestro vecino este sorpresivo hallazgo que dan cuenta de los niveles de violencia en el que viven muchas comunidades de México que están en control de la delincuencia organizada?
La respuesta a estas preguntas es un misterio, sin embargo, algo es seguro: El hecho de que un campo de exterminio hubiera funcionado en nuestro país legitima el discurso de quienes pretenden clasificar a los grupos de la delincuencia organizada como organizaciones terroristas.
Todo lo que hemos hecho este mes ha sido adoptar la agenda securitaria de los Estados Unidos como propia y pagar los costos de la inmigración y el tráfico de Fentanilo, con el objetivo de evitar los temidos aranceles a los productos mexicanos, cuando ya quedó claro que no están dispuestos a cumplimentar la amenaza, ni van a dejar de usarla hasta que dejemos de creerla.
En otras palabras, mientras supeditemos la caracterización de nuestros problemas a la óptica de Estados Unidos, cualquier posible solución que planteemos estará afectada en su eficacia por los intereses del país vecino; o lo que es peor, mientras tome prioridad en la agenda pública apaciguar a Trump, menos espacio queda para atender los problemas que de hecho afectan la vida de las comunidades mexicanas, más si son incómodos por estar relacionados con el narcotráfico.
Estados Unidos y su agenda son la conexión que permite interpretar todas las decisiones del gobierno federal y por más que pongamos en la Constitución que “el pueblo de México, bajo ninguna circunstancia, aceptará intervenciones, intromisiones o cualquier otro acto desde el extranjero…” la verdad es que ni siquiera serían necesarias, ya que nosotros solos decidimos poner en segundo plano el bienestar de las y los mexicanos a la hora de ordenar nuestras prioridades.
