A menos de tres meses de las elecciones judiciales del 1º de junio, una situación alarmante está emergiendo en los listados de aspirantes a cargos judiciales. Lo que debería ser un proceso de selección transparente y ético se ha visto empañado por la aparición de personas con antecedentes turbios, desde vínculos con el crimen organizado hasta acusaciones de corrupción y violencia de género.
Esta realidad plantea serias preocupaciones sobre la imparcialidad y la integridad del Poder Judicial mexicano y los riesgos que podrían derivarse si estos personajes acceden a cargos de relevancia.
El proceso electoral que busca renovar parte del Poder Judicial de la Federación y los tribunales locales ha sido fuertemente criticado por su falta de filtros en la selección de candidatos.
Uno de los casos más escandalosos es el de Fernando Escamilla Villarreal, quien aspira a ser juez penal. Este abogado fue defensor de miembros del cártel de Los Zetas, incluido El Z-40, y tiene antecedentes penales por portación ilegal de arma de fuego. A pesar de su vinculación con el crimen organizado y su historial delictivo, se le ha permitido figurar como candidato a un cargo de relevancia en el ámbito judicial.
Además de los perfiles cuestionables en otros estados, el caso de Sonora es particularmente preocupante, ya que dos aspirantes con trayectorias cuestionables buscan llegar al Tribunal Electoral de la entidad: Octavio Grijalva Vásquez y Ana Maribel Salcido Jashimoto.
Octavio Grijalva Vásquez ha sido un personaje polémico en la política y el ámbito electoral de Sonora. Su historial está marcado por un acuerdo reparatorio en 2023 relacionado con un fraude, además de enfrentar un procedimiento administrativo por responsabilidades vinculadas a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH). No es la primera vez que Grijalva se ve envuelto en situaciones cuestionables en el pasado, por lo que su ascenso a un cargo en el Tribunal Electoral sonorense, sería un paso peligroso que podría afectar la confianza pública en la justicia electoral.
Por su parte, Ana Maribel Salcido Jashimoto también está siendo cuestionada por su trayectoria. En 2011, fue designada directora de gestión del Nuevo Sistema de Justicia Penal en Sonora, un proyecto que fue señalado por presunta malversación de 180 millones de pesos. Estos antecedentes plantean serias dudas sobre su capacidad para asumir un cargo judicial, especialmente uno tan delicado como el de magistrada electoral.
Permitir que personajes con antecedentes tan cuestionables accedan a cargos judiciales puede tener consecuencias devastadoras para la impartición de justicia en México. En un sistema judicial, la imparcialidad es fundamental. Los jueces y magistrados deben estar por encima de cualquier sospecha de corrupción o sesgo, ya que su labor afecta directamente la vida y los derechos de millones de ciudadanos.
Además, la legitimidad de las decisiones judiciales podría verse seriamente comprometida. La presencia de individuos con vínculos con el crimen organizado o con acusaciones de corrupción en el sistema judicial podría generar desconfianza en la ciudadanía, afectando la percepción pública sobre la independencia y la equidad del sistema judicial.
Lo más preocupante es que estos candidatos aún siguen en el proceso de selección. El Senado de la República y el INE deben garantizar que solo los perfiles con la debida idoneidad moral y profesional lleguen a los cargos judiciales. La inclusión de personas con antecedentes penales o relacionados con prácticas corruptas no solo socava la integridad de las elecciones judiciales, sino que abre la puerta a una mayor infiltración de intereses oscuros en el Poder Judicial.
