El reconocimiento expresado el martes por el senador Gerardo Fernández Noroña sobre la existencia de candidatos a la elección judicial con antecedentes de trabajo y, por lo tanto, vínculos al crimen organizado, dinamitó, en el peor momento posible, la frágil credibilidad de un proceso que ha avanzado dando tumbos, por las prisas innecesarias con que se hizo, por su complejidad y también por su falta de idoneidad.
A partir de la responsable admisión de una falla estructural en el procedimiento, que habrá que reconocerle a Fernández Noroña, no existen condiciones para avalar la probidad de las y los candidatos que compiten, sin que ello signifique que todos son malos o que todos tienen un pasado cuestionable. Si fallaron los mecanismos de detección en varios casos y dejaron pasar a candidatos vinculados a lo más oscuro de la delincuencia, nadie podría ofrecer la seguridad de que no fallaron en otros casos, y también permitieron competir a personajes con conflictos de intereses, financiados e impulsados por grupos empresariales a los que luego servirán desde la Judicatura, o simplemente con preparación, académica y emocional, insuficiente para ocupar los cargos por los que compiten.
El error, advertido desde los medios de comunicación hace semanas, pero ahora admitido por el presidente del Senado y abordado hasta por la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, ha dejado en entredicho todo el proceso de la elección judicial. AAhora los electores están seguros de que debido a un pésimo trabajo de selección de candidatos, podrían estar votando por abogados de narcos, de mafias de la trata de personas, del contrabando, o de bandas de secuestradores. Eso, por supuesto, no fue lo que se ofreció a los mexicanos cuando se propuso refundar y fortalecer el Poder Judicial dotándolo de “legitimidad” emanada del voto popular.
El desastre en que se ha convertido la elección judicial a partir del reconocimiento de infiltración de candidatos vinculados a la delincuencia tiene responsables perfectamente identificados con nombre y apellido. Se trata de las personas designadas desde el Poder Legislativo y el Poder Ejecutivo para encargarse de la selección de aspirantes a candidaturas, se suponía que a partir de principios bien definidos: mérito profesional experiencia en la actividad jurídica, honestidad, buena fama pública y compromiso con la justicia.
Ana Patricia Briseño Torres, Andrés Norberto García Repper Favila, Maribel Concepción Méndez de Lara, Maday Merino Damián y María Gabriela Sánchez García formaron el Comité de Evaluación del Poder Legislativo.
Mary Cruz Cortés Ornelas, Javier Quijano, Vanessa Romero, Isabel Ines Romero Cruz y por supuesto, Arturo Zaldivar, intregraron el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo Federal.
La realidad hace evidente que estas 10 personas incumplieron, fallaron y lograron lo impensable: potenciar la crisis de un proceso con defectos de origen, pero que ahora parece insalvable porque ante el pésimo trabajo de los comités, es imposible decirle a los ciudadanos que pueden acudir a votar con la confianza de que no le entregarán su sufragio a un candidato de la mafia, de los grandes intereses económicos o comprometido con los intereses partidistas.
Las preguntas que quedan son cuándo y ante qué instancia estos 10 mexicanos que manipularon y ensuciaron todo el proceso de la elección judicial, rendirán cuentas y se harán responsables de lo que provocaron.
@EnvilaFisher
