La economía internacional atraviesa una nueva fase de reconfiguración estructural. El retorno del proteccionismo, enmarcado ahora en una narrativa de seguridad económica y relocalización estratégica, obliga a los países emergentes a repensar sus herramientas de inserción internacional. La reciente imposición de aranceles generales por parte de Estados Unidos —y su amenaza de extender medidas punitivas incluso a países aliados— consolida el tránsito desde el multilateralismo económico hacia una lógica de bloques regionales, resiliencia industrial y autonomía estratégica. Lo que estamos presenciando
no es un incidente aislado: es el resurgimiento de una lógica geoeconómica que coloca la autosuficiencia productiva y la seguridad logística por encima de los principios del libre comercio.
En este entorno, la inversión en infraestructura deja de ser una política sectorial para convertirse en el núcleo de una estrategia nacional de soberanía económica. La infraestructura no solo conecta regiones y facilita exportaciones; define la capacidad real de un país para decidir su futuro, insertarse en el comercio internacional en sus propios términos y reducir su vulnerabilidad ante decisiones unilaterales de potencias extranjeras. No se trata de competir en los márgenes, sino de crear condiciones materiales para incidir en la arquitectura económica global desde una posición de autonomía relativa.
La presidenta Claudia Sheinbaum ha entendido este nuevo escenario con claridad. Su anuncio del Plan Nacional de Infraestructura Productiva responde a esta coyuntura con una lógica estructural. No es solo una expansión del gasto público; es una redefinición del papel del Estado como articulador del desarrollo, capaz de identificar cuellos de botella logísticos, desigualdades regionales e ineficiencias estructurales.
Este plan —que prioriza la interconexión intermodal, la modernización portuaria, la transición energética y la digitalización de los procesos logísticos— apunta a algo más profundo: blindar la economía mexicana frente a las disrupciones globales, y posicionarla como un nodo estratégico en el nuevo orden multipolar.
Pero ningún plan nacional será eficaz sin su aterrizaje territorial. Yucatán representa hoy el ejemplo más sólido de cómo una estrategia de infraestructura, diseñada con visión de largo plazo, puede convertirse en un instrumento de soberanía territorial. Bajo el liderazgo del gobernador Joaquín Díaz Mena, el proyecto Renacimiento Maya articula desarrollo logístico, inclusión social, justicia ambiental e impulso económico para detonar un nuevo paradigma de crecimiento en el sureste mexicano.
La modernización del Puerto de Progreso —el proyecto de logística marítima más ambicioso de la región en décadas— no es un hecho aislado, sino parte integral de esta visión estructural. La inversión de 7,900 millones de pesos destinada a su expansión, profundización y digitalización se inscribe en una lógica de alto impacto: transformar al puerto en una plataforma competitiva para el comercio exterior, reducir los costos logísticos de exportación desde el sur-sureste y atraer inversión extranjera directa en sectores como manufactura ligera, agroindustria y servicios de valor agregado.
Progreso, vinculado al Tren Maya, a los corredores interoceánicos y a la nueva red de autopistas, será el nodo logístico que conecte al sureste con los mercados de América del Norte, Europa y Asia. Pero además, es el eslabón clave para equilibrar el modelo de desarrollo del país. Atraer inversión productiva a Yucatán no es solo un acto de justicia histórica para con el sur del país: es una apuesta inteligente para desconcentrar la economía nacional, fortalecer la resiliencia del sistema logístico y expandir la base exportadora de México desde nuevas regiones.
Hoy más que nunca, la competitividad no depende solo de tratados comerciales, sino de la capacidad real para exportar con eficiencia, escala y confiabilidad. Yucatán, mediante el Renacimiento Maya, está demostrando que la infraestructura, cuando se acompaña de gobernanza, estabilidad y visión estratégica, puede convertirse en una herramienta de emancipación económica.
En tiempos de fragmentación geoeconómica, invertir en infraestructura es construir soberanía. Y esa soberanía no se decreta: se edifica con puertos modernos, cadenas logísticas eficientes y territorios capaces de generar riqueza de manera sostenible. México está en el camino correcto para ser más autónomo, más justo y mejor conectado con el mundo.
