El gasto federalizado —compuesto por participaciones, aportaciones, convenios y subsidios— se refiere a los recursos que el gobierno federal transfiere a las entidades federativas y municipios del país y es fundamental para la política pública a nivel subnacional.
En promedio, el gasto federalizado representa el 84% de los ingresos estatales, y en algunos casos, supera el 95%. El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2025 propone 2.63 billones de pesos para estados y municipios, 1.2% menor que lo aprobado en 2024. Esta reducción se debe, principalmente, a una caída de 4.6% en las aportaciones, específicamente en el Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) —programa fundamental para el financiamiento en materia de salud a nivel local—cuyos recursos serán reasignados a IMSS-Bienestar.
La reasignación de recursos a IMSS-Bienestar refleja un patrón de centralización. Al concentrar los fondos en una institución federal, limita la capacidad de los gobiernos locales para responder a las necesidades específicas de sus comunidades. Más aún, no queda claro si estos recursos se distribuirán con base en el principio compensatorio que guía las aportaciones federales, el cual prioriza a las entidades con mayores rezagos socioeconómicos, ni cómo será el proceso de transición.
Si bien es cierto que deben asumir un rol más activo en fortalecer su recaudación propia, en un contexto donde las facultades tributarias locales son limitadas y la dependencia del financiamiento federal es elevada, la disminución de recursos puede agravar la vulnerabilidad financiera de muchas entidades.
El presupuesto no es solo un ejercicio técnico; es una declaración política sobre las prioridades de una administración. En este caso, las decisiones tomadas en el PPEF 2025 envían un mensaje claro: los gobiernos subnacionales no figuran dentro de los entes principales para realizar política pública. Si bien el fortalecimiento de programas como IMSS-Bienestar es deseable, esto se hace a costa de la descentralización y la equidad en la asignación de recursos.
El federalismo mexicano no puede ser una simple estructura administrativa; debe ser un modelo donde las decisiones sean compartidas y los recursos distribuidos de manera justa. En un país tan diverso como México, la descentralización podría verse como una solución efectiva ante distintas problemáticas. La descentralización no es solo una cuestión de autonomía, sino una herramienta para garantizar que las políticas públicas sean pertinentes y respondan a las necesidades reales de la población. Apostar por un modelo más equilibrado no solo es deseable, es indispensable.
Como en años anteriores, el federalismo fiscal no es una prioridad en el Paquete Económico 2025. No se menciona el arreglo federal en los planes de gobierno, ni en propuestas de reformas constitucionales. El PPEF 2025 debería ser un punto de partida para propiciar un debate serio sobre la coordinación fiscal y el futuro de la descentralización en México. Consulta la más reciente investigación del CIEP al respecto en www.ciep.mx.
