Desde 2013, el Gobierno Federal ha otorgado apoyos a Pemex para fortalecer su operación y garantizar su viabilidad. Se estima un costo por respaldos fiscales y patrimoniales a la Empresa Pública (antes, Empresa Productiva) de 2.8 billones de pesos (bdp). Los apoyos patrimoniales (1.5 bdp) han generado una especial preocupación sobre su transparencia y eficiencia. En un contexto donde la estabilidad de las finanzas públicas es un tema central, urge preguntarnos si estos respaldos están cumpliendo su propósito o si es necesario replantearlos para asegurar que cada peso destinado a Pemex tenga un impacto real en su desempeño.
La forma en la que se han otorgado estos recursos deja espacio a dudas. En primer lugar, la clasificación de las aportaciones patrimoniales como “inversiones financieras” les permite quedar exentas de evaluaciones costo-beneficio, lo que implica que no existen criterios claros para medir si estos recursos están siendo utilizados de manera efectiva. Mientras que en otros sectores las inversiones en infraestructura pública deben pasar por un riguroso proceso de evaluación para garantizar su viabilidad y rentabilidad, los apoyos otorgados a Pemex, bajo dicha clasificación, dificulta su fiscalización.
Además, la forma en cómo se realizan complica la rendición de cuentas. A través de sus subsidiarias y filiales, como Pemex Transformación Industrial y PTI-Infraestructura de Desarrollo, se han canalizado 347 mil mdp para la Refinería Olmeca en Dos Bocas y la rehabilitación del Sistema Nacional de Refinación. Si bien estas inversiones se justifican en el marco de la estrategia de fortalecimiento de la empresa, el problema radica en que los mecanismos de control y supervisión son limitados.
Ante un espacio fiscal reducido, este modelo de financiamiento basado en apoyos constantes no parece sostenible en el largo plazo. La transición energética exige que Pemex evolucione hacia un esquema donde su operación no dependa de apoyos gubernamentales. Para lograrlo, es necesario rediseñar los mecanismos de soporte con mayor transparencia y eficiencia. Una primera medida sería condicionar la entrega de recursos a evaluaciones de impacto y viabilidad operativa y financiera, asegurando que cada inversión tenga un retorno tangible, como lo menciona NRGI en “Apoyos condicionales a Pemex: Hacia la sostenibilidad financiera en tiempos de transición energética”.
Asimismo, son fundamentales cambios normativos para que las aportaciones patrimoniales estén sujetas a los mismos estándares de fiscalización que otros sectores estratégicos. La asignación de recursos debe acompañarse de mecanismos de supervisión más sólidos, así como reglas claras que limiten la discrecionalidad sobre los apoyos financieros, evitando que se conviertan en una carga recurrente para el erario sin una evaluación clara de su impacto.
A largo plazo, Pemex debe reducir gradualmente su dependencia de los recursos fiscales y fortalecer su capacidad de generar ingresos de manera sostenible. Esto implica mejorar su eficiencia operativa. Lo anterior requiere de una estrategia integral que le permita adaptarse a un contexto en transformación, alineando sus inversiones con una visión de aliento que reduzca su exposición a los hidrocarburos e impulse nuevas fuentes de energía.
El desafío de equilibrar la estabilidad de Pemex con la sostenibilidad fiscal del país no es menor. La empresa sigue siendo un actor clave en la economía nacional, pero su viabilidad futura dependerá de su capacidad para operar de manera más eficiente. La solución no pasa por seguir otorgando apoyos sin control, sino por implementar un modelo de financiamiento que garantice que cada peso invertido contribuya realmente a su fortalecimiento. Para mayor información sobre este tema, te invitamos a leer el documento: Pemex, apoyos fiscales y patrimoniales: Actores y mecanismos, en www.ciep.mx
