Durante su campaña presidencial del año 2018, el expresidente López Obrador hizo el compromiso público de garantizar la gratuidad en la educación superior, lo cual fue muy bien recibido por la comunidad universitaria. Han pasado ocho años y el compromiso no se ha cumplido, pese a estar en la Constitución y en diversas leyes.
Dado que el tema ha vuelto a aparecer en una conferencia mañanera de la presidenta Sheinbaum, creo conveniente hacer un poco de historia para ver qué es lo que ha pasado con este tema tan importante para millones de mexicanos que asisten a los planteles de educación superior.
Lo primero que se hizo fue publicar un Decreto el 15 de mayo de 2019 para reformar el artículo tercero Constitucional estableciendo la gratuidad y la obligatoriedad. En el segundo párrafo de este artículo dice, a la letra, “Corresponde al Estado la rectoría de la educación, la impartida por éste, además de obligatoria, será universal, inclusiva, pública, gratuita y laica”.
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La fracción X del artículo 3º precisa “La obligatoriedad de la educación superior corresponde al Estado. Las autoridades federales y locales establecerán políticas para fomentar la inclusión, permanencia y continuidad, en términos que la ley señale. …”
El décimo quinto transitorio del Decreto mencionado indica “Para dar cumplimiento al principio de obligatoriedad de la educación superior, se incluirán en los recursos necesarios en los presupuestos federal, de las entidades federativas y de los municipios…; adicionalmente, se establecerá un fondo especial que asegure a largo plazo los recursos económicos necesarios para garantizar la obligatoriedad de los servicios a que se refiere este artículo, así como la plurianualidad en la infraestructura”
El 20 de Abril de 2021 se publica el Decreto que expide la Ley General de Educación Superior y en su artículo 64 establece “En el proyecto y Presupuesto de Egresos de la Federación del ejercicio fiscal que corresponda se establecerá un fondo federal especial destinado a asegurar a largo plazo los recursos económicos suficiente para la obligatoriedad…”
”Los montos asignados a las instituciones públicas de educación superior, a partir del fondo federal especial, no podrán ser considerados, en ningún caso, como sustitutivos, parcial o totalmente, de los montos correspondientes a los recursos ordinarios”.
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En octubre de 2021, la SEP envía una comunicación a la SHCP, mencionándole que no se ha cumplido con el Decreto al no haberse incluido en el PEF 2022 dicho fondo, y cuestiona la peregrina respuesta de un funcionario menor que argumenta que la creación del fondo “podría generar duplicidad en la ejecución del gasto con alguno de los componentes de los programas existentes, por lo que se considera que los programas presupuestarios vigente podrían solventar los requerimientos…”
En la conferencia matutina mencionada, el secretario de Educación Pública comentó que “la Constitución dice que la educación debe ser gratuita” y la Presidenta lo reiteró.
La realidad es que año tras año, durante siete incluyendo éste, la SHCP se ha negado a dar cumplimiento al mandato constitucional y la SEP no logrado corregir la situación.
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La ANUIES ha realizado un estudio en el cual se indica que los recursos necesarios para el financiamiento de la Obligatoriedad son de 10,400 millones de pesos y el de la gratuidad de 14,300 millones.
Si en verdad se quiere apoyar a la educación superior, este gobierno ha de honrar el compromiso que hizo su antecesor y, de manera gradual, como dice la ley, crear dichos fondos para que se puedan eliminar las cuotas, particularmente en las universidades estatales públicas, que son las más afectadas por la falta de recursos, y muchas de ellas no podrían operar sin la aportación de las familias que envían a sus hijos a esas instituciones.
