La proliferación de leyes de “agentes extranjeros” en países secuestrados por dictadores, marca una fase difícil para las organizaciones de sociedad civil y partidos que defienden las ideas de la libertad. Aparentando defender la soberanía nacional, estos regímenes han usado estas leyes para sofocar las voces independientes y disidentes. Esta estrategia draconiana, ha sido perfeccionada hasta el punto de disfrazarse como una medida de “soberanía” y “seguridad nacional”.
El caso más extremo en América Latina es, sin duda, el de la dictadura de Daniel Ortega en Nicaragua. En diciembre de 2020, la Asamblea Nacional, controlada por el régimen, aprobó la Ley 1055 o “Ley de Soberanía”, argumentando la defensa de los “derechos del pueblo”, mientras etiquetaba como “traidores de la patria” a aquellos que ejercían el derecho a disentir.
Las implicaciones de esta ley son profundas. Actos tan vagos como “aplaudir sanciones contra Nicaragua” fueron criminalizados bajo cargos de “traición a la patria”, un pretexto ideal para arrestar a candidatos presidenciales, activistas y ciudadanos críticos del régimen. Esta ley, junto con los artículos 410 y 412 del Código Penal, ha permitido imponer penas de hasta quince años de prisión. Sin reparo alguno, el régimen de Ortega y su co-dictadora Rosario Murillo han utilizado estas leyes para someter a la sociedad civil, prohibir la participación de partidos de oposición como Ciudadanos por la Libertad y el Partido de Restauración Democrática, despojar de su nacionalidad a los críticos y expulsarlos del país.
PUEDES LEER: Fortaleciendo el Ecosistema emprendedor en Centroamérica y México
Bajo el pretexto de proteger la “soberanía”, el régimen deslegitima a quienes trabajan por una Nicaragua libre. En el fondo, esta represión no busca proteger la nación, sino eliminar cualquier supervisión independiente. El Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), por ejemplo, fue una de las primeras víctimas de esta cruzada autoritaria. A pesar de ser un centro de pensamiento dedicado a la investigación de políticas públicas, fue etiquetado como amenaza al “orden público” por recibir financiamiento extranjero de agencias de cooperación como USAID o la Unión Europea, una acusación común en regímenes autoritarios como el de Vladimir Putin en Rusia o Aleksandr Lukashenko en Bielorrusia, que recurren a estas leyes para deslegitimar a la sociedad civil. El manual de los dictadores es el mismo.
La magnitud de la represión en Nicaragua —donde casi seis mil organizaciones han sido cerradas, expropiadas u obligadas a abandonar el país, incluidas 26 universidades, la Cruz Roja Internacional y varias misiones católicas y protestantes— ofrece lecciones cruciales para la sociedad civil en todo el mundo. Aquellos que operan en contextos de autoritarismo deben aprender de esta experiencia nicaragüense y prepararse ante ataques futuros. Para defenderse, es esencial que las organizaciones adopten una estrategia de comunicación proactiva que subraye su contribución al país donde operan. En lugar de caer en la trampa de la defensiva, deben demostrar cómo su labor fortalece el bien común.
Una verdadera defensa de una sociedad libre no solo exige enfrentar a los regímenes, sino también redefinir el concepto de patriotismo cívico. Los regímenes autoritarios han monopolizado términos como soberanía y seguridad nacional para justificar sus atropellos, pero el verdadero patriotismo, ese que vive en el individuo y en la sociedad civil, promueve una nación donde los ciudadanos viven con libertad y dignidad. Defender los derechos humanos es, en sí mismo, un acto de amor a la patria, porque es quererla justa, libre y próspera.
PUEDES LEER: La necesidad de defender nuestras instituciones políticas
La colaboración internacional se convierte en un pilar de esta resistencia. Organizaciones como la Red Liberal de América Latina (RELIAL) y la Alianza para Centroamérica, apoyadas por fundaciones como la Friedrich Naumann, muestran cómo las alianzas entre organizaciones de diferentes países y partidos políticos que comparten las ideas de la libertad pueden fortalecer el impacto de la sociedad civil, particularmente en contextos represivos. Las ONG, partidos afines, universidades y movimientos cívicos deben apoyarse mutuamente y reforzar la transparencia y compromiso con la ciudadanía que las caracteriza.
El autoritarismo prospera en la opacidad y el engaño, mientras que la sociedad civil es fuerte en la virtud de la verdad. La transparencia, el respeto a la libertad individual y el bienestar común deben ser los pilares de una defensa efectiva. La respuesta a los regímenes represivos no es solo resistir: es transformar el discurso. Es mostrar que la libertad, el estado de derecho y la justicia son valores que la sociedad civil defiende diariamente. La sociedad civil debe reclamar su lugar legítimo como la verdadera defensora de la soberanía que reside en el individuo, un escudo contra cualquier forma de tiranía.
