Derivado del reciente descubrimiento de un centro clandestino en Teuchitlán, Jalisco, del cual se presume que operaba como sitio de adiestramiento y exterminio del Cártel Jalisco Nueva Generación, la ONU hizo un llamado al gobierno mexicano para que se garanticen investigaciones exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes sobre los delitos cometidos en ese lugar. Además, instó a intensificar los esfuerzos para identificar los restos encontrados y permitir la participación de las familias en los procesos de búsqueda, investigación y rendición de cuentas, demandas a las que también se han sumado organizaciones internacionales y nacionales.
Teuchitlán no es un caso único en un amplio abanico de lugares similares en México, bajo el sometimiento, corrupción y tolerancia de autoridades. De esto no hay vuelta de hoja. Así, el Estado tiene la obligación de proporcionar el apoyo necesario y seguridad a las personas que buscan a sus familiares, particularmente ante las diversas amenazas que han sufrido miembros de los colectivos de búsqueda, generalmente integrados por mujeres, que han logrado ubicar fosas y personas desaparecidas. El Estado ha sido un gran ausente en los temas de la desaparición forzada, denuncian colectivos de búsqueda.
La desaparición forzada tiene una larga historia dolorosa en México, su aumento está estrechamente relacionado con el crecimiento de los grupos criminales, sobre todo en las zonas bajo su control, donde actúan con cabal impunidad.
Todo indicaría que la presidente Claudia Sheinbaum no está dispuesta a reconocer públicamente la exacta dimensión crítica de inseguridad que golpea a los mexicanos, la deplorable existencia de fosas criminales y el fracaso, subrayan analistas, de la estrategia de seguridad coludida con el crimen organizado del expresidente Manuel López Obrador, que disparó los índices delictivos, desapariciones y muertes violentas.
La pregunta es si existe una real voluntad política en la oficina presidencial para atender el tema de la desaparición forzada de personas. Hay declaraciones que ponen los pelos de punta como la del expresidente anterior de “nosotros cuidamos a los integrantes del crimen organizado, también son seres humanos”, quien además hizo trizas al incómodo Centro Nacional de Identificación Humana. Durante su sexenio no se reunió con familiares de desaparecidos.
La presidente ha descalificado a la prensa, a la oposición, e incluso, a los grupos de mujeres buscadoras, bajo el argumento de que responden a una campaña en contra de su gobierno, con calificativos políticos de poca monta y fuera de lugar que no conducen a buen camino como de “oportunistas, hipócritas y carroñeos”, que no parecerían elogiables en un jefe de Estado en un contexto tan crítico y sensible, en tanto que sus mesnadas han desencadenado una cruzada de linchamiento hacia los opositores a efecto de imponer la narrativa oficial. Es claro que el objetivo es minimizar y no reconocer la dimensión del problema por razones políticas, lo que parece deleznable ante la vida humana.
Con una respuesta reactiva y ante la presión interna e internacional, la presidenta anunció un plan contra las desapariciones: fortalecimiento de la Comisión Nacional de Búsqueda y de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas; modificación a la Ley de Población y consolidación de la CURP como única fuente de identidad; modificación a la Ley General en Materia de Desaparición Forzada cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas; creación de una Plataforma de Identificación Humana; impulso a protocolos de alerta y búsqueda inmediata; y homologación de penas y procedimientos de investigación.
Estamos en un punto crítico: por seis años se debilitaron las instituciones, dando paso al empoderamiento de los criminales, en tanto que presenciamos una alta corrupción y negligencia de autoridades, ocultamiento sistemático de información con fines políticos y abandono a las víctimas de personas desaparecidas.
