La propuesta del gobierno de la Cuarta Transformación para eliminar varios organismos autónomos, entre ellos el Instituto Nacional de Transparencia (INAI), la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), plantea una amenaza para los principios fundamentales de la democracia en México.
Aunque el gobierno justifica esta iniciativa bajo el argumento de la austeridad y la supuesta duplicidad de funciones, no podemos obviar que estos órganos han desempeñado un papel esencial en la consolidación de un sistema de contrapesos que garantiza la transparencia, la rendición de cuentas y la competencia justa en diversos sectores económicos.
Es crucial subrayar que la extinción de estos organismos no responde a un análisis profundo sobre su utilidad o eficiencia, sino que obedece más bien a una lógica política que busca concentrar el poder en el Ejecutivo, despojando al país de mecanismos de control que han sido fundamentales para evitar los abusos.
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Lejos de tratarse de una decisión puramente presupuestal, lo que se está poniendo en juego es el acceso a la información, la protección de datos personales, la lucha contra la corrupción y la defensa de los derechos humanos.
El INAI, por ejemplo, ha sido clave para garantizar el derecho de los ciudadanos a conocer lo que sucede en el ámbito gubernamental. A lo largo de los años, este organismo ha obligado a las autoridades a transparentar contratos, salarios y viáticos, y ha hecho posible que casos de corrupción y violaciones de derechos humanos salgan a la luz pública.
En muchos casos, como en la investigación sobre la Estafa Maestra o el caso Odebrecht, el INAI fue la única instancia que pudo obligar a las autoridades a abrir información sensible. Su desaparición significaría un retroceso histórico en la lucha contra la opacidad gubernamental.
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Por otro lado, el trabajo de la Cofece y el IFT también ha sido determinante en la creación de un entorno económico más competitivo y justo. Ambos organismos han velado por la libre competencia en sectores como las telecomunicaciones y la energía, garantizando que los ciudadanos no paguen precios desmedidos por servicios básicos como el internet y la telefonía.
También es necesario comprender que estos organismos no son estructuras burocráticas innecesarias, como pretende sugerir la narrativa oficial.
Son instituciones especializadas, cuya independencia frente al poder político les permite tomar decisiones objetivas y libres de presiones externas. La desaparición de estos órganos autónomos, bajo el pretexto de la austeridad, debilitará a la democracia mexicana, pues disminuiría la capacidad de la sociedad civil para exigir la rendición de cuentas de sus autoridades.
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Si estos organismos autónomos son absorbidos por dependencias del gobierno, perderán su autonomía y, con ello, su capacidad para actuar de forma imparcial y técnica. Esto abriría la puerta a una mayor concentración de poder en manos del Ejecutivo, debilitando las instituciones que garantizan el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
Aunque todo está dispuesto para que en estos días el Congreso vote esta iniciativa, es urgente que los legisladores se comprometan con el futuro de la democracia en México y detengan esta propuesta. No se trata de un gasto innecesario, sino de una inversión en la construcción de un sistema más justo, equitativo y democrático. La ciudadanía merece seguir contando con estos organismos que han demostrado su capacidad para promover el bienestar público y garantizar los derechos de las personas.
