El proceso electoral judicial que 17 estados del país han emprendido este año enfrenta enormes desafíos, tanto en el plano presupuestal como en la armonización legal requerida para su implementación. Con el vencimiento del plazo para la adecuación de las constituciones locales, el próximo 15 de marzo, la incertidumbre rodea este ejercicio electoral, que definirá el rumbo de la justicia en cada entidad.
El Instituto Nacional Electoral (INE) ha señalado que tres entidades, Colima, San Luis Potosí y Zacatecas, se encuentran en un nivel de riesgo alto para concretar estos comicios debido a la falta de recursos. Además, 10 estados aún esperan respuesta a sus solicitudes de presupuesto, lo que los deja en una posición crítica.
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Sólo el Estado de México y Sonora cuentan con financiamiento suficiente para el proceso, mientras que otras entidades enfrentan reducciones presupuestarias severas que ponen en jaque llevar a cabo esta elección.
La falta de recursos no es un tema menor. Los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) no sólo deben garantizar la operatividad de sus elecciones judiciales, sino también mantener el desarrollo ordinario de sus funciones. En estados como Colima y San Luis Potosí, los recortes presupuestales han sido del 69% y 67.8%, respectivamente, lo que compromete seriamente su capacidad de acción. En Zacatecas, la situación es aún más delicada, pues su déficit financiero podría llevarlo a una parálisis operativa total. Esto sin contar que aún arrastra adeudos con el INE por procesos electorales anteriores.
›El otro gran desafío es la armonización de las constituciones locales con la reforma judicial publicada en septiembre de 2024. De no completarse en tiempo y forma, se corre el riesgo de generar conflictos jurídicos y de gobernabilidad, lo que pondría en entredicho la legitimidad del proceso electoral. La renovación de los poderes judiciales locales debe concluir en 2025 o 2027, pero para que esto suceda sin, es imperativo que los estados realicen los ajustes normativos y presupuestales pertinentes.
Aunado a esto, la carga de trabajo para el INE y los OPLE es enorme. La elección judicial no sólo involucra la renovación de mil 749 jueces y magistrados estatales en 17 entidades, sino también la elección de 881 cargos del Poder Judicial de la Federación (PJF) el próximo 1 de junio. Esto representa un desafío logístico sin precedentes, más aún en un contexto de restricciones presupuestales y de posibles conflictos legales derivados de la falta de armonización normativa.
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A los problemas financieros y legislativos, se suma la falta de claridad en la ciudadanía sobre la relevancia de este proceso. Ante esto, no observamos capacidad de las instituciones involucradas para informar a la población sobre su importancia.
Ante este panorama, las preguntas que surgen son inevitables: ¿Cómo garantizar elecciones judiciales legítimas sin los recursos suficientes? ¿Cómo evitar que la falta de armonización legal derive en impugnaciones y crisis de legitimidad? ¿Cómo garantizar la transparencia en un proceso de esta magnitud?
El tiempo apremia y la incertidumbre persiste. Si no se toman medidas inmediatas en los aspectos antes mencionados, se corre el riesgo de que esta elección, en lugar de fortalecer el sistema judicial mexicano, termine por debilitarlo aún más, desacreditando de paso a las máximas autoridades electorales del país, en particular al INE.
