1ER. TIEMPO. Aureoles, el fugado. En junio de 2021 se dio una escena patética afuera de Palacio Nacional. El entonces gobernador de Michoacán, Silvano Aureoles, fue a pedir audiencia —sin cita previa — al expresidente Andrés Manuel López Obrador, para entregar pruebas, dijo, de cómo el narcotráfico había ayudado para que Alfredo Ramírez Bedolla ganara la gubernatura. Decía tener evidencia circunstancial del apoyo de los cárteles de la droga a Ramírez Bedolla, así como testimonios grabados de cómo el Cártel Jalisco Nueva Generación había presionado a los electores para que votaran por él, luego de haber amenazado a candidatas y candidatos para que abandonaran la contienda el mismo día de la elección. Varias carpetas de las que llevaba la información y las evidencias terminaron en la oficina del fiscal general, Alejandro Gertz Manero, quien nunca inició investigación alguna. Aureoles, que aquel día se quedó sentado por horas en la calle esperando que se abrieran las puertas de Palacio Nacional para ver a López Obrador, no tuvo respuesta de nada hasta casi dos años después, cuando la Contraloría de Michoacán, para entonces ya gobernado por Ramírez Bedolla, resolvió un procedimiento de responsabilidades en contra de Aureoles por presentar a destiempo documentos sobre la conclusión de su cargo, inhabilitándolo por 11 meses para ejercer cualquier cargo público, anulando toda posibilidad de contender por la candidatura presidencial del PRD, a la que aspiraba. Las cosas no pararon ahí. Hace unos días la Contraloría michoacana lo acusó de peculado, administración fraudulenta, operaciones con recursos de procedencia ilícita y asociación delictuosa, por el desvío de tres mil millones y medio de pesos de los fondos para la construcción de siete cuarteles para la guardia estatal que, además, fueron comprados, dijo, a sobreprecio. Cuatro funcionarios de Aureoles fueron detenidos, pero él no; se encuentra prófugo. Aureoles está pagando lo que denunció de Ramírez Bedolla. Tenía documentado, según lo que entregó a la Fiscalía General, que el candidato opositor Carlos Herrera Tello había ganado 57 municipios, contra 56 del actual gobernador, que obtuvo victorias en lugares como Aguililla, Apatzingán y Buenavista, epicentro de los conflictos violentos en Michoacán, donde los cárteles se enfrentan sin que las fuerzas federales intervengan. En esos municipios su ventaja fue de 40% —controlados mayoritariamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación— sobre Herrera Tello, casi el doble del porcentaje que alcanzó en municipios sin fuerte presencia del crimen organizado. Ramírez Bedolla aseguró que no se trata de una persecución política, pero a la vez, dijo que con la orden de aprehensión en su contra por delitos administrativos, que tienen sanciones penales, las acusaciones contra él de vínculos con el crimen organizado, se desvanecen. Eso no es cierto. Quizás se pausan y se esconden, pero no se irán hasta que se aclaren.
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2DO. TIEMPO. Cuando comenzó el narcoterrorismo. Las escenas de la noche de El Grito en 2008 en la Plaza Melchor Ocampo, junto a la Catedral y frente al Palacio de Gobierno de Michoacán, son inolvidables. Una explosión interrumpió la fiesta, cuando una persona que caminaba hacia el balcón donde estaba el gobernador Leonel Godoy, perdió la estabilidad del explosivo casero que llevaba para lanzarlo contra él, y provocó la muerte de tres personas y decenas de heridos. “Primero cayó una persona y luego fue como fichas de dominó”, dijo el periodista Juan José Rosales, testigo del atentado. El ataque era preámbulo de lo que vendría. Al año siguiente, 10 presidentes municipales michoacanos y 16 funcionarios del gobierno de Godoy fueron detenidos por el Ejército y la Policía Federal por sus presuntos vínculos con La Familia Michoacana. Se le llamó “el michoacanazo”, pero todos fueron puestos en libertad porque en el conflicto existente entre el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna y el procurador general, Eduardo Medina Mora, este no quiso judicializar las llamadas telefónicas entre los detenidos y los narcotraficantes. Sin la prueba madre, no se sostenía la acusación. De todos ellos solo se pudo judicializar más adelante el caso contra Julio César Godoy Toscano, medio hermano del gobernador, que era diputado electo del PRD, por una grabación con Servando Gómez Martínez, La Tuta, uno de los jefes de La Familia Michoacana, donde tenían una conversación con camaradería, y en la cual le pidió el narcotraficante que abogara con su pariente por la organización criminal. Godoy Toscano había recuperado la libertad porque el gobernador fue a pedirle el favor al entonces secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, que lo sacara de la cárcel. Una vez fuera de prisión, Godoy Toscano pudo alcanzar el fuero porque rindió protesta como diputado federal, gracias a que entró al Congreso en San Lázaro escondido en la cajuela del automóvil de otro diputado, Alejandro Encinas, muy cercano al expresidente Andrés Manuel López Obrador. Fue la última vez que se le vio en público. Godoy Toscano desapareció y hasta hoy en día no se sabe qué sucedió. Su medio hermano trabajó a favor de la candidatura presidencial del senador Adán Augusto López, y actualmente es diputado federal de Morena. Encinas, que fue subsecretario de Gobernación con López Obrador, y hoy es miembro del gabinete de Clara Brugada en el gobierno de la Ciudad de México. Ahí en Michoacán es donde comenzó la llamada “guerra contra las drogas” en 2006, cuando el entonces gobernador Lázaro Cárdenas, le pidió al expresidente Felipe Calderón que lo ayudara para contener el crimen organizado. Cárdenas es hoy el jefe de Oficina de la presidenta, Claudia Sheinbaum. Nadie pagó por nada, salvo Godoy Toscano. Nadie quiere acordarse de aquellos años. Todos están colocados en los más altos niveles del régimen.
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3ER. TIEMPO. Bedolla se escapa, por ahora. Uno de los alcaldes que fueron detenidos en 2008 en “el michoacanazo” fue Adalberto Fructuoso Comparán Rodríguez, de Aguililla, donde gobernó desde ese año hasta el 2011. Diez años después fue acusado por un Gran Jurado en Estados Unidos de haber traficado 500 kilos de metanfetaminas a ese país, y en 2022 tuvo su primera audiencia en la Fiscalía del Distrito Sur de Florida, como presunto líder de Cárteles Unidos, una de las principales organizaciones criminales hoy en día en Michoacán. El juicio abrirá la puerta a los detalles sobre la penetración del narcotráfico en Michoacán y tocará de manera directa al actual gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, quien ha minimizado el proceso y señalado que todo es una maquinación de su antecesor, el exgobernador prófugo, Silvano Aureoles. La reacción de Ramírez Bedolla, acusado por Aureoles de vínculos con el narcotráfico, es entendible porque Comparán Rodríguez fue pareja de su tía, Anabel Bedolla, y el hijo de ellos, Adalberto Fructuoso, su primo hermano, también está sujeto a proceso en Miami. Ramírez Bedolla, que tuvo siempre el manto protector del expresidente Andrés Manuel López Obrador, enfrentó públicamente las noticias del juicio de sus parientes con frases del macuspano. “Nosotros estamos protegidos por nuestra integridad y honestidad a toda prueba”, afirmó. Son actos de fe que se irán convirtiendo en realidad, verdad o mentira, con el tiempo. Michoacán es un estado fallido prolijo a la narcopolítica. En los últimos 16 años todos los gobernadores salvo Salvador Jara, gobernador sustituto de Fausto Vallejo del PRI, han sido relacionados con el narcotráfico. La administración de Vallejo se caracterizó por su corrupción y vínculos con Los Caballeros Templarios, el cártel en el que renació La Familia Michoacana, que escapó de ir a la cárcel porque pidió licencia para recibir un trasplante de hígado. Su hijo, sin embargo, fue perseguido por las autoridades luego de darse a conocer dos videos donde aparecía con Servando Gómez Martínez, La Tuta, que era uno de los jefes de La Familia Michoacana. Su hijo, Rodrigo, fue detenido en 2019 y pasó cuatro años en prisión. Vallejo lo ayudó proporcionando información al gobierno sobre su sucesor, Jesús Reyna, que también había sido su secretario de Gobierno, que le permitió al gobierno acusarlo de tener contactos con La Tuta. Estuvo detenido poco más de cuatro años y medio hasta que en 2018 la Procuraduría General de la República se desistió porque no pudo acreditar su culpabilidad, y fue puesto en libertad. Ramírez Bedolla es el último de los gobernadores en Michoacán, ese estado fallido, que por su historia en este siglo, es el estudio de caso más claro de la narcopolítica en México.
