La gobernadora de Morelos, Margarita González Saravia, su fiscal general de justicia, Edgar Maldonado Ceballos, el partido Morena y la primera Presidenta del país son los grandes perdedores tras la decisión del pleno de la Cámara de Diputados de desechar la solicitud de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco Bravo, presunto responsable de violación, en grado de tentativa, nada menos que de su media hermana.
Habrá que ver si la decisión de no proceder contra el exfutbolista, fue a petición del gran Tótem y líder moral del morenismo, Andrés Manuel López Obrador o de la aún poderosa empresa de medios de comunicación, Televisa, o ambas cosas. Eso solo el tiempo lo dirá.
Pero, entrando en materia, les diré el por qué de las y los grandes perdedores.
La decisión tomada en San Lázaro afecta directamente a la mandataria morelense. Primero, porque quedó claro ante la sociedad mexicana que ella fue la principal protectora del exfutbolista.
A tan solo unas horas de que la Fiscalía de Justicia de Morelos, entonces encabezada por Uriel Carmona Gandara, solicitara a la Cámara Baja quitarle el fuero a Blanco Bravo, la gobernadora morenista operó para destituirlo de manera fulminante y poner en esa posición a un incondicional, Edgar Maldonado Ceballos.
Esta acción, lejos de ser interpretada como una estrategia, fue tomada por los morelenses y por la sociedad mexicana, en general, como una forma de lanzar un manto protector sobre este presunto violentador de mujeres.
En segundo término, queda la figura de Edgar Maldonado Ceballos, quien asumió la Fiscalía General de Justicia de Morelos en medio de este escándalo nacional. Inicialmente, había una oportunidad de limpiar su imagen cumpliendo con los requisitos legales para conseguir el desafuero de Cuauhtémoc Blanco Bravo, pero eso no ocurrió. Así, su permanencia en la Fiscalía quedará marcada por la percepción de protección al exfutbolista.
Lo que sigue para Morelos es que el diputado federal sea el tema de atención de la sociedad. Los morelenses no dejarán de culpar a la gobernadora Margarita González Saravia y a su fiscal, Edgar Maldonado Ceballos, por permitir que Blanco Bravo camine libre y con total impunidad. Los excesos, abusos y actos de corrupción del exintegrante de la selección nacional de fútbol seguirán siendo el centro de la agenda política y social en Morelos.
Esto significa que, a seis meses de asumir el cargo, la gobernadora Margarita González Saravia será recordada como la mandataria más gris, por sumisión o por omisión, en la historia de la entidad, sin lograr marcar un solo tema propio de su administración. Día tras día, Cuauhtémoc Blanco Bravo sigue siendo el tema mediático central en Morelos y en todo el país, lo que refleja un verdadero fracaso en términos de comunicación social y política para su administración.
Por su parte, para Edgar Maldonado Ceballos se avecinan tiempos difíciles, ya que los morelenses perderán la confianza en él y en sus acciones al frente de la Fiscalía General de Justicia del estado. Su inacción frente a la solicitud de desafuero de Blanco Bravo lo pone en una posición comprometida: dejó de cumplir con su deber para que el exgobernador rindiera cuentas ante la justicia.
Para la gobernadora y el fiscal de Morelos, el discurso de pretender hacer un cambio radical de gobierno y un frente común contra la corrupción se ha agotado. La sociedad mexicana sabe que permitieron que un exgobernador acusado de múltiples fechorías, que utilizó el dinero público para sus excesos, siga libre y sin rendir cuentas, respaldado por un gobierno que lo protege.
En cuanto a Morena, el discurso de que es “tiempo de mujeres” ha quedado totalmente desmentido. En la Cámara de Diputados, gracias a la aplanadora de Morena, Cuauhtémoc Blanco Bravo logró mantener su fuero, evitando así enfrentar las acusaciones de ser un violentador de mujeres.
Y la Presidenta, por aquello de ser la primera mujer presidenta y por su dicho de “no llegué Yo, llegamos Todas”, lo cual en teoría la comprometía a gobernar preferentemente para las mujeres. Esto ha quedado en entredicho.
En Cortito: Nos cuentan que en un contexto donde las finanzas públicas de muchos municipios de México siguen siendo un desafío, Cuernavaca parece estar marcando la diferencia. Bajo la administración de José Luis Urióstegui Salgado, la capital de Morelos ha experimentado una notable mejora en su situación financiera, logrando reducir las deudas públicas y sentando las bases para un gobierno más responsable y eficiente.
Uno de los principales objetivos de Urióstegui Salgado, que refleja su compromiso con el bienestar de la ciudad, es dejar a Cuernavaca libre de deudas al final de su mandato.
Un ejemplo claro de esta gestión es el reciente paso dado por el alcalde, quien, el día de ayer, entregó oficialmente al Congreso del Estado de Morelos la solicitud para acceder al programa “Peso a Peso”. Este plan tiene como propósito saldar el adeudo histórico que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado de Cuernavaca mantiene con la Comisión Federal de Electricidad, un adeudo que asciende a 279 millones de pesos y que se arrastra desde las administraciones de Cuauhtémoc Blanco Bravo y Antonio Villalobos Adán.
La propuesta es clara y responsable: en lugar de dejar que la deuda continúe creciendo, la administración de Urióstegui plantea un esquema de pago que, de ser aprobado por el Congreso, podría reducir la deuda a la mitad.
Sin embargo, este plan no puede ser implementado sin la autorización del Congreso del Estado, ya que, conforme a la Ley Orgánica Municipal, la administración actual no tiene facultades para asumir este tipo de compromisos sin el respaldo legislativo. La autorización del Congreso sería un paso crucial para asegurar que la deuda histórica sea saldada de manera estructurada y dentro de un marco legal.
