La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) tiene en sus manos una delicadísima definición para Puebla, que no solamente tiene carácter comicial, sino que involucra a la seguridad pública en ese estado que ha sido azotado, en algunas regiones, por bandas criminales dedicadas al robo de combustible.
Vayamos al detalle. Desde las campañas en esa entidad, que el pasado 2 de junio renovó también sus 217 ayuntamientos, se advirtió de dos candidatos, quienes han sido señalados por tener vínculos con grupos delictivos. Las acusaciones y los procesos que siguen las autoridades en esos casos son añejos y de expedientes abultados.
Se trata de Marco Valencia Ávila, en el municipio de Venustiano Carranza, quien compitió bajo las siglas del PAN, PRI y PRD; y de Juan Lira Maldonado, alias “El Moco”, de Chignahuapan, quien fue candidato de Fuerza por México.
En esos dos municipios, las elecciones fueron turbulentas y se mantienen bajo impugnación, pues se hallaron elementos para su anulación. Se espera que en los próximos días llegue la definición final.
Sin embargo, la Sala Regional Ciudad de México del TEPJF les otorgó el triunfo a esos dos personajes, entrando así en controversia con el Tribunal Electoral del Estado de Puebla (TEEP) y hasta con el Congreso del Estado, que ya habían nombrado concejos municipales que serían encargados de encabezar esos ayuntamientos y de convocar a elecciones extraordinarias en enero próximo.
El gobierno del estado, a través de la Secretaría de Gobernación, ha reconocido que tanto Valencia como Lira, tienen procesos por vínculos delictivos.
En tanto, el fiscal general del estado, Gilberto Higuera Bernal, advirtió que las investigaciones contra los dos, siguen vigentes.
“Nunca, en ningún caso, la Fiscalía General del Estado va a dejar de cumplir su función y de resolver, trátese de quien se trate”, dijo el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE) en conferencia de prensa el 24 de octubre, en la respuesta específica sobre Marco Valencia y Juan Lira.
El caso alertó a las autoridades, que ven el tema como de alto riesgo a la seguridad pública de esa región del norte de Puebla, pues la Sala Regional del TEPJF, en controversia contra el TEEP, que había declarado nulos los comicios en esos dos municipios, les concedió un cuestionado triunfo.
En Puebla, los municipios entraron en funciones el primer minuto del 15 de octubre, por lo que el Congreso ya había nombrado concejos municipales en Venustiano Carranza y Chignahuapan, por lo que se abrió además un debate sobre qué autoridad es la legal y legítima.
Pero, por encima del tema electoral, está el de seguridad pública y a eso hay que sumar el riesgo de protección civil en la región, en donde se han registrado explosiones e incendios de tomas clandestinas de combustible y bodegas ilegales.
De ese tamaño y con esas implicaciones es la responsabilidad que tiene la Sala Superior del TEPJF. En las manos de los magistrados se juega mucho.
En Cortito: Nos cuentan que en el Senado de la República, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, Raúl Israel Hernández Cruz, dejó un buen sabor de boca durante su comparecencia ante senadores, ya que es uno de los aspirantes más fuertes a presidir la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para el periodo 2024-2029.
En su intervención, ocurrida la semana pasada, el ombudsperson morelense planteó la necesidad de contar con una CNDH independiente que castigue los abusos que cometen las autoridades en la violación de los derechos humanos.
Ante los senadores, Hernández Cruz, planteó varios escenarios de cómo se debe de actuar en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en caso de conseguir tal postulación.
Destacó que la CNDH es la garantía institucional para que en caso de la vulneración de un derecho se pueda contar con las facultades para investigar, sostener y reparar los daños a víctimas.
De entre los 48 aspirantes, el presidente de la Comisión de Derechos Humanos de Morelos, es uno de lo más fuertes para convertirse en el próximo titular de la CNDH.
