El proceso electoral para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación (PJF), programado para junio de 2025, representa un desafío sin precedentes en la historia democrática de México. Sin embargo, esta oportunidad de consolidar la participación ciudadana como pilar del sistema judicial enfrenta serios obstáculos, particularmente para el Instituto Nacional Electoral (INE), cuya capacidad operativa ha sido gravemente afectada por un recorte presupuestal del 53 por ciento.
El INE había solicitado un presupuesto de 35 mil 855 millones de pesos, pero la Cámara de Diputados aprobó solo 27 mil millones, lo que dejó al organismo con apenas 19 mil 645 millones disponibles para sus operaciones generales. Esta drástica reducción no solo obliga al Instituto a replantear toda la logística electoral, sino que compromete aspectos clave como la instalación de casillas, la capacitación de funcionarios de casilla y la información para los votantes.
TE PUEDE INTERESAR: 2024: Un año para recordar en la historia de México
En consecuencia, la elección judicial de 2025 podría convertirse en un retroceso en términos de calidad democrática. Sin los recursos suficientes, el INE se verá forzado a instalar menos de la mitad de las casillas inicialmente previstas, limitando así el acceso al voto, especialmente en regiones rurales o marginadas. Además, el uso de una sola urna para depositar seis boletas genera un proceso de votación más complejo, lo que podría aumentar los errores y los votos nulos.
La falta de promoción e información adecuada también es alarmante. Esta será la primera vez que los ciudadanos mexicanos elegirán directamente a los integrantes del Poder Judicial, un proceso inédito que requiere de una profunda pedagogía electoral. Sin embargo, la austeridad impuesta reduce drásticamente los recursos para campañas de información que expliquen el propósito y la importancia de esta elección.
En este contexto, la participación ciudadana se perfila como el mayor reto. En procesos similares, como la consulta popular de 2021 y la revocación de mandato de 2022, la participación fue de apenas 7% y 17%, respectivamente. Estas cifras reflejan un desinterés generalizado que podría repetirse en 2025 si no se toman medidas inmediatas. La legitimidad de este proceso histórico está en juego, y con ella, la posibilidad de que México establezca un precedente democrático que fortalezca la confianza en sus instituciones judiciales.
TE PUEDE INTERESAR: Los desafíos del INE ante la elección judicial
Por otro lado, la reunión prevista para este mes de enero, entre la presidenta Claudia Sheinbaum y la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es una ventana de oportunidad para reconsiderar el presupuesto. Sin embargo, la incertidumbre persiste sobre si este encuentro resultará en un aumento de los recursos necesarios para garantizar un proceso electoral inclusivo y confiable.
El derecho al voto informado no es negociable. Es esencial que tanto el INE como el gobierno federal trabajen para garantizar que cada ciudadano tenga la oportunidad de participar plenamente en este proceso. La austeridad no debe ser una excusa para debilitar la democracia; por el contrario, es en tiempos de restricciones cuando las instituciones deben demostrar su capacidad de innovar y priorizar lo verdaderamente importante: el ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.
La democracia mexicana enfrenta un momento crítico. Las elecciones judiciales de 2025 son una oportunidad para avanzar hacia una mayor participación ciudadana y una justicia más cercana al pueblo. Pero para que esto sea posible, es imperativo que se garantice la infraestructura, la información y la legitimidad necesarias para que el voto ciudadano sea el verdadero protagonista de este proceso histórico.
