Desplazada por la incertidumbre que genera el regreso de un Donald Trump recargado y más antimexicano, la elección judicial se acerca a sus fechas límite sin que se vea cómo puede ser la panacea prometida por López Obrador, Morena y los legisladores que la aprobaron.
Aunque el jueves pasado hubo una buena noticia porque, a decir de Guadalupe Taddei, la presidenta, Claudia Sheinbaum prometió una ampliación presupuestal para que el INE pueda organizar esos comicios, lo cierto es que mil 500 millones de pesos, que sin duda serán útiles, no resolverán ni el gran problema de recursos insuficientes para la organización electoral ni tampoco el otro gran tema: la premura con que se prepara esa jornada electoral.
El supuesto dispendio del INE y la premura han sido los dos grandes temas que marcan los comicios judiciales. En virtud de que erogar dinero público para financiarlos es un problema para el actual régimen, es momento de volver sobre la discusión del financiamiento de las elecciones y los riesgos de organizar elecciones con recursos insuficientes.
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En 1996 se debatió a fondo la justificación, conveniencia y necesidad, no solo de financiar la organización de las elecciones, sino también de dotar de recursos públicos a los partidos en cantidades suficientes para que pudieran organizar campañas serias, profesionales y competitivas en busca del voto.
El dinero se reconoció entonces como una forma de emparejar la cancha y hacer competitiva la contienda electoral, básicamente en beneficio de los grupos políticos que entonces eran oposición y hoy son gobierno.
Pero hay más. El financiamiento público se definió como una forma de evitar la privatización de la política, que de otra manera habría quedado en manos de los partidos alineados con los grandes capitales, capaces y dispuestos a financiarlos porque su ascenso les garantizaría puertas abiertas y hasta lugares en las oficinas y mesas donde se toman las grandes decisiones nacionales, incluidos los grandes contratos y concesiones de gobierno.
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En ese tiempo ya se hablaba de que, así como podría equilibrar el peso de las carteras de los grandes ricos comprando influencia en beneficio de sus intereses, el dinero público también evitaría que los partidos se vieran ante la tentación de vender su alma a la otra fuente posible de recursos: las mafias del crimen organizado, igual de interesadas en comprar influencia en forma de impunidad.
Hoy existen pruebas fehacientes del dinero de los cárteles infiltrado en la política para ganar posiciones y asegurarse protección. La Operación Enjambre de Omar García Harfuch es la más reciente, exhibida de forma oficial.
Sin riesgo de equivocarse, cualquiera puede deducir que, si a una banda delictiva con millones a su disposición le interesa, porque le sirve, tener influencia sobre un presidente municipal, un gobernador o un delegado de la Fiscalía, le será por lo menos igual de interesante, si no es que más, tener en su bolsillo a uno o varios jueces de distrito y magistrados, por haberles financiado la campaña con la que llegaron al cargo.
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Un Instituto Nacional Electoral sin el presupuesto suficiente no solo estará impedido para instalar el número necesario de casillas que garantice el derecho al voto de todos, sino que tampoco podrá cumplir de forma correcta su obligación de vigilar que no existan actos anticipados de campaña y, en particular, su tarea de fiscalizar el origen de los recursos con los que cada candidata o candidato a juez, magistrado o ministro se promoverá y llegará al cargo, para evitar la infiltración de dinero ilegal.
La elección judicial es algo mucho más importante, trascendente y delicado de lo que se ha admitido en el ámbito gubernamental y legislativo desde los que se impulsó o se impuso con el uso de la supermayoría parlamentaria. Seguirle regateando los recursos para su organización al INE no sólo pone en riesgo la viabilidad de una jornada electoral que a todos debería interesar, por lo que importa el papel del Poder Judicial, sino que también es una forma de dejar abierta la puerta para que los grandes intereses económicos, los de los hombres de negocios y los del crimen organizado, salgan a comprar candidatos a jueces y magistrados para asegurarse sentencias favorables, por encima del interés general, cada vez que lo necesiten.
