La pausa de la Semana Santa sirve para hacer un corte de caja sobre los avances en el proceso electoral extraordinario judicial que marcará un antes y un después en la conformación del Poder Judicial de la Federación. Este proceso, resultado de la reforma judicial aprobada en 2024, introduce un sistema inédito: la elección popular de jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
A nivel federal, el Instituto Nacional Electoral (INE) ha jugado un papel clave en la organización de los comicios, desde la definición del marco geográfico electoral hasta la instalación de los consejos locales en las 19 entidades donde también se llevarán a cabo elecciones judiciales locales extraordinarias. El trabajo es titánico: más de 880 cargos están en juego, un número que refleja la magnitud del cambio estructural que se busca implementar.
A pesar de las restricciones legales y de tiempo, el INE ha logrado avances significativos. En noviembre de 2024, aprobó el marco geográfico electoral que delimitalos distritos y las boletas las que los ciudadanos vitarán. A partir de ahí, se fijaron fechas clave y actividades, como la instalación de casillas, la capacitación electoral y la difusión de información. Esto se formalizó con la aprobación del Plan Integral y Calendario del Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación (PEEPJF) 2024-2025 en septiembre del mismo año.
A finales de enero de 2025, el Consejo General del INE aprobó el plan de difusión y los lineamientos de fiscalización, lo que garantiza transparencia y promoción adecuada de los candidatos. En febrero pasado, se aprobó el listado de los candidatos que competirán por los cargos judiciales, y en marzo, se resolvieron las últimas asignaciones de candidaturas. Estas decisiones reflejan una preparación sólida a pesar de los retos que implica coordinar un proceso tan complejo a nivel nacional y local.
Sin embargo, el camino no ha sido sencillo. Los obstáculos legales han sido una constante. Más de 140 jueces interpusieron amparos contra la reforma y la organización del proceso, preocupados por la constitucionalidad del mismo. Aunque el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) dictaminó que la suspensión de los preparativos era inviable, este panorama refleja la polarización y las tensiones en torno a la independencia del Poder Judicial.
A nivel estatal, la armonización de la reforma con las legislaturas locales también ha sido un desafío. Si bien 18 de las 32 entidades federativas han completado los procesos de reforma, aún persisten algunas diferencias en la implementación de las reformas, lo que podría generar desigualdades en la ejecución de los procesos electorales locales.
Las campañas de los aspirantes a los cargos judiciales, que comenzaron en marzo y culminarán el 28 de mayo, están en etapa de arranque. Este es el último tramo de un proceso en el que los ciudadanos deberán decidir, por primera vez en la historia, quiénes serán los encargados de impartir justicia en el país.
En este contexto, la transparencia y la correcta difusión de las candidaturas serán claves para garantizar que los electores se enfrenten a un proceso informado y consciente. Los ciudadanos, al igual que en cualquier otra elección, debemos ser conscientes de la importancia de nuestro voto, pues el futuro de la justicia en México está en nuestras manos.
En las semanas que vienen, las campañas seguirán siendo el centro de atención, y será crucial que se mantenga el enfoque en el compromiso con la justicia y la imparcialidad, valores fundamentales que deben guiar a los futuros integrantes de la judicatura federal y a nivel local.
