La elección del próximo presidente o presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos en México ha desatado un intenso debate en el que se reflejan intereses políticos, poniendo en evidencia las grietas de una institución clave en la defensa de los derechos fundamentales.
El proceso para elegir al sucesor de Rosario Piedra Ibarra, actual presidenta de la CNDH, se ha visto marcado por la controversia en torno a su posible reelección. Diversas organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y sectores de la sociedad civil se han manifestado en contra de esta opción, alegando que su gestión ha sido deficiente y que ha socavado la credibilidad de la CNDH.
Uno de los episodios más polémicos ha sido la denuncia de que la propia Rosario Piedra Ibarra aceptó y presentó una carta falsa para intentar obtener su reelección al frente de la CNDH. Esta carta, que supuestamente reflejaba el apoyo de diversas organizaciones, habría sido emitida por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, quien rápidamente desmintió la autoría del documento.
Vera aclaró que nunca había firmado tal carta, lo que generó un escándalo más sobre la falta de transparencia en el proceso de reelección. La misiva, que inicialmente fue presentada como un apoyo formal, resultó ser un intento de manipulación, lo que dañó aún más la credibilidad tanto de Piedra Ibarra como del proceso de selección.
El desmentido del obispo pone en evidencia la manipulación por parte de actores cercanos al gobierno de la Cuarta Transformación. El objetivo de esta carta era crear una fachada de respaldo para la reelección de Piedra Ibarra. Este intento de manipulación subraya la falta de ética en la gestión de la CNDH y plantea serias dudas sobre su imparcialidad.
A lo largo de su gestión, Rosario Piedra Ibarra ha sido acusada de falta de acción ante casos emblemáticos de violaciones a los derechos humanos, especialmente aquellos que involucran al gobierno. Las organizaciones civiles han señalado que la CNDH, bajo su liderazgo, ha mostrado una actitud complaciente frente a la impunidad, lo que ha erosionado su legitimidad y la confianza de la ciudadanía. En este sentido, la crítica no solo proviene de la oposición política, sino también de la sociedad civil que históricamente había sido apoyada por la CNDH.
Los padres de niños con cáncer, por ejemplo, han expresado su rotundo desacuerdo con la posible reelección de Rosario Piedra Ibarra, acusando a la CNDH de inacción ante la crisis del desabasto de medicamentos para pacientes con cáncer. Este desabasto ha afectado gravemente a miles de familias en todo el país, y los padres han exigido una respuesta firme por parte de la CNDH.
Sin embargo, bajo la presidencia de Piedra Ibarra, la Comisión ha sido señalada por no haber tomado una postura contundente ni haber presionado lo suficiente para garantizar el derecho a la salud de los niños y niñas afectadas. La falta de intervención en este caso, y en otros similares, ha llevado a muchos a cuestionar la efectividad de la CNDH bajo su liderazgo.
El argumento central de quienes se oponen a la reelección de Rosario Piedra Ibarra es la necesidad de preservar la autonomía de la CNDH. A lo largo de su mandato, se ha señalado que la Comisión ha caído en una excesiva cercanía con el gobierno, lo que ha comprometido su independencia.
La defensa de los derechos humanos debe ser una tarea imparcial, alejada de cualquier influencia política. Las declaraciones de figuras como el expresidente Andrés Manuel López Obrador y la actual presidenta Claudia Sheinbaum, quienes han defendido la permanencia de Rosario Piedra Ibarra, solo han aumentado la desconfianza de los sectores críticos.
La falta de acción en casos de relevancia, como la violencia estructural contra las mujeres, la impunidad en los casos de periodistas asesinados y la crisis de desabasto de medicamentos, ha dejado un vacío en la protección de los derechos humanos.
Para quienes abogan por un cambio en la presidencia de la CNDH, es esencial que el organismo recupere su rol de contrapeso ante el poder político y se convierta en un verdadero protector de los derechos de todas las personas.
El proceso de elección del nuevo presidente o presidenta de la CNDH debe ser transparente, imparcial y libre de presiones políticas. La sociedad mexicana merece una CNDH que se comprometa plenamente con la defensa de los derechos humanos y ofrezca justicia efectiva a todas las víctimas.
México merece una Comisión en manos de alguien capaz de impartir justicia, que deje de ser un instrumento político y se convierta en un defensor imparcial de los derechos de todos los ciudadanos, sin excusas ni demoras.
