Desaseo extremo es la expresión que mejor describe el proceso electoral judicial en turno que, en esas condiciones, es imposible que arroje una jornada electoral histórica y ejemplar en junio, mucho menos que arroje un resultado satisfactorio o aceptable. El resultado será la consecuencia de una suma de excesos, abusos y desconocimientos que culminarán con un listado de ganadores que será cualquier cosa, menos legítimo.
Con los antecedentes del proceso y la previsión de la desastrosa jornada electoral, desde ahora se puede anticipar el siguiente movimiento en el proyecto morenista de reestructuración del Estado mexicano: culparán al INE de una elección judicial oscura, impugnada, sin credibilidad y muy poco concurrida. Inmediatamente después, a partir de ese análisis sesgado que sólo buscará adjudicar culpas sin ninguna objetividad y menos autocrítica, declararán el fracaso y, por lo tanto, la inutilidad de un órgano electoral que cuesta miles de millones de pesos al año, pero es incapaz de ofrecer certeza y credibilidad en los comicios que organiza.
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Lo siguiente será una iniciativa de reforma electoral, para revolucionar la organización de los comicios y volver al modelo vigente hasta 1988: una Comisión Federal Electoral que forme parte de la estructura gubernamental. Esa reforma pasará con el sello de la casa, sin revisión, ni discusión, ni mucho menos negociación, para convertir en ley la muerte de la imperfecta ciudadanización electoral y regresar a los tiempos de la organización electoral gubernamental. Otro salto al pasado de casi 40 años en la vida política del país, que dejará las cosas a tono con el retorno del sistema de partido ultradominante; prácticamente partido de Estado.
Guadalupe Taddei y sus acompañantes consejeros electorales, que no sus pares porque ya no son iguales, recibirán ahora sí el verdadero pago de Morena por haber construido y aprobado la limitada y, al mismo tiempo, farragosa argumentación seudojurídica que sustentó la decisión de entregar el 74% de las curules de San Lázaro a una coalición electoral que solo obtuvo el 54% de los votos.
Morena ya traicionó una vez a sus aliados en el Consejo General del INE. En esa ocasión, la mayoría morenista impulsó una reforma que llevó de la mano a Guadalupe Taddei a convertirse en la todopoderosa consejera presidenta, que dejó de necesitar apoyo del Consejo General para designar a los funcionarios de la estructura operativa del órgano electoral. Cuando ocurrió, hubo un tímido intento de rebelión porque en el acuerdo original para aprobar la supermayoría no se incluía que los consejeros aliados de Morena pasaran de ser consejeros electorales a solamente acompañantes electorales de la consejera presidenta. El intento de rebelión fracasó porque, lejos de denunciar, ese grupo de consejeros aliados de Morena se dejó someter y aceptó la supremacía de Taddei a cambio de una promesa de futuro en la nueva estructura de mando.
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Con el galimatías en que acabó convertida, es imposible que la elección judicial salga bien. Sin presupuesto, sin suficientes casillas, con boletas electorales incomprensibles, sin el respaldo ciudadano que el INE ya perdió y sin el respeto gubernamental a la función electoral, la elección judicial apunta a ser un fracaso estrepitoso. El INE de Taddei será el chivo expiatorio responsabilizado por Morena y sus aliados.
De ese fracaso inducido desde el poder partirá la andanada contra un órgano electoral que quizá operativamente ha hecho lo mejor que puede sin presupuesto, pero que, políticamente, al igual que los partidos de oposición la SCJN y el Tribunal Electoral, no sólo no ha hecho lo que le correspondía, sino que también ha alineado y sometido su autonomía al proyecto político del nuevo grupo gobernante.
Quizá el país no se merezca perder su sistema competitivo de partidos políticos y, con él, su democracia electoral; quizá la sociedad no se merezca perder la conquista de la ciudadanización; sin duda, los funcionarios del servicio profesional electoral no merecen perder su empleo por no ser morenistas. Pero definitivamente, el actual Consejo General del INE sí merece ser culpado y también sacrificado, pues, aunque no son los responsables del desaseo y fracaso de la elección judicial, sí son culpables de haber traicionado la democracia para seguir la promesa de cuotas para ellos, hecha por sus nuevos amigos poderosos.
