El reciente episodio de las listas de aquellas personas candidatas a obtener un puesto de jueces, magistrados y ministros que serán votados el próximo 1º de junio, se ha convertido en una tragicomedia digna del teatro del absurdo, donde la improvisación, la opacidad y el desaseo institucional han convertido un evento trascendental en una farsa desalentadora.
El primer acto de este espectáculo lo protagonizó el Senado de la República, que entregó al Instituto Nacional Electoral (INE) listas de aspirantes plagadas de errores, omisiones y datos inconsistentes. De acuerdo con información del propio INE, al menos dos mil 807 candidatos carecían de información esencial para su identificación, y más de mil 400 nombres en la lista del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo no contaban con clave de elector. Si ni siquiera era posible identificar plenamente a los aspirantes. Con esto ¿cómo se puede garantizar la legalidad y legitimidad del proceso?
El INE, atrapado entre la irresponsabilidad del Senado y la presión de la Presidencia de la República, ha optado por una postura de deslinde: publicó los listados tal como los recibió, señalando que no tiene la facultad para corregirlos. Sin embargo, al hacerlo, el organismo ha terminado por validar un proceso viciado desde su origen. Con ello, la falta de rigor del Senado ha contaminado a la autoridad electoral.
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Este nivel de desorganización no solo pone en riesgo la confiabilidad del proceso, sino que además evidencia una preocupante falta de previsión por parte de quienes debieron garantizar un procedimiento impecable. En un sistema democrático, la selección de los encargados de impartir justicia debería estar basada en méritos, trayectoria y conocimientos jurídicos, no en improvisaciones que terminan por desprestigiar a las instituciones responsables.
Si la falta de transparencia y profesionalismo no fueran suficientes, la pretensión de incluir algunos sobrenombres en las boletas electorales ha añadido un nuevo nivel de absurdo. Al menos 24 aspirantes solicitaron aparecer con motes que van desde lo hilarante hasta lo descaradamente propagandístico. Ejemplos como “El ángel de la justicia” o “Juez de AMLO” evidencian el intento de algunos candidatos de convertir una elección judicial en un espectáculo de marketing político.
Un caso emblemático es el de la ministra Lenia Batres, quien pretendía aparecer en la boleta como “Ministra del Pueblo”. En un intento por restaurar la seriedad del proceso, el INE ha rechazado estas solicitudes, argumentando que constituyen propaganda electoral. Pero el daño ya está hecho: la discusión pública se ha desviado hacia lo anecdótico, alejando aún más a los ciudadanos de la confianza en el proceso.
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›La elección de jueces, magistrados y ministros debería ser un ejercicio de responsabilidad democrática, basado en la transparencia y la legitimidad. No obstante, lo que tenemos ante nosotros es un proceso desorganizado, opaco y ridículo, en el que los actores principales parecen más interesados en el espectáculo que en la función constitucional que deberían desempeñar.
En un país donde la confianza en las instituciones es ya frágil, un proceso tan caótico solo aviva la percepción de que las decisiones políticas responden a intereses ajenos al interés ciudadano. Al no corregir estas deficiencias, la elección de jueces no solo será un fracaso institucional, sino un golpe más a la credibilidad del sistema democrático y judicial del país.
Resulta imperativo, entonces, que tanto la autoridad electoral, como los tres Poderes de la Unión asuman su responsabilidad y actúen con la seriedad que el momento exige.