La decisión de permitir al Senado de la República subrogarse en la responsabilidad del Poder Judicial, luego de la renuncia en pleno de su comité de evaluación, terminó de contaminar un proceso electoral —el judicial— que ya arrastraba severos problemas y evidentes vicios.
Ahora no solo se trata de las boletas electorales de imposible comprensión y manipulación para el votante, ni de la virtual prohibición de hacer campaña, ni de la falta de recursos suficientes para que el Instituto Nacional Electoral instale las casillas necesarias que garanticen el derecho de los ciudadanos a votar por los nuevos impartidores de justicia. Además de esas deficiencias que, una por una, son gravísimas y ponen en duda la legalidad y legitimidad de cualquier elección, hay que agregar otra, atribuible nada menos que al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.
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Cuando el Tribunal decidió adelantarse a la resolución que la Corte debía emitir sobre la contradicción entre las órdenes de los jueces de amparo y la instancia electoral, incurrió en una invasión de competencias. Así como alega que nadie más que él puede resolver en materia electoral, tampoco está facultado para desestimar u opinar sobre una sentencia de amparo. Era evidente que correspondía a la Corte resolver la contradicción de criterios.
Peor aún fue darle entrada al Senado de la República —en concreto, al senador Gerardo Fernández Noroña— para usurpar el lugar del Poder Judicial en la selección de candidatos, así fuera por tómbola.
El TEPJF no tiene atribuciones para ordenar una invasión de facultades y competencias; ningún tribunal las tiene, y sin embargo, lo hizo. El Senado no tiene atribuciones para invadir la esfera de competencia de otro poder, en este caso el Judicial, pero lo hizo, apoyado en una orden ilegítima de un órgano del Poder Judicial que aprovechó la abulia de los ministros y se rebeló contra la Corte. Además, tanto el TEPJF como el Senado violaron la disposición de aplicación literal del texto constitucional, que ese mismo Senado y la mayoría morenista habían aprobado llamándola Supremacía Constitucional. Violaron la reforma que defendieron y difundieron.
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El resultado es escandaloso, Senado y Tribunal Electoral rompieron el orden constitucional. Politizaron la construcción del nuevo Poder Judicial, pues acabaron con la legalidad y legitimidad de la elección de la que este debía surgir.
No importa cuál sea el desenlace: el nuevo Poder Judicial nacerá marcado por la ilegitimidad, y el Tribunal Electoral perdió toda su utilidad, pues ahora será imposible confiar en la imparcialidad de sus decisiones.
Al debate
El nombre de México, asociado al accidente de un jet ambulancia en la ciudad de Filadelfia, se suma a la lista de malas noticias de la semana pasada. No ha sido un inicio de sexenio fácil para la presidenta Claudia Sheinbaum, pues entre el impulso a las reformas heredadas por López Obrador y la victoria de Donald Trump, todo se ha complicado mucho más de lo presupuestado.
El presidente Trump tiene como su villano favorito al migrante, particularmente al mexicano, y como su bestia negra a los cárteles mexicanos, que ahora ya son considerados grupos terroristas. En ese contexto, a los norteamericanos no les costará ningún trabajo creer que se trataba del avión de un cártel utilizado como misil, pues de inmediato empezaron a especular sobre la improbable coincidencia de que ocurran dos accidentes aéreos con apenas unos días de diferencia. Frases como “estamos bajo ataque” se leyeron desde la noche del viernes en redes sociales, luego de que cadenas de noticias como CNN confirmaran la matrícula mexicana del Learjet.
Cualquiera que sea la realidad, la percepción es que el avión siniestrado es de México..
