El Paquete Económico (PE) 2025, el primero presentado por la nueva administración, llega cargado de expectativas y cuestionamientos. Entre las principales metas se encuentra la consolidación fiscal prometida por el gobierno anterior, materializada en una reducción del déficit fiscal. Según los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), el déficit se reduciría en dos puntos porcentuales gracias a un incremento del 5.4 % en los ingresos reales y una disminución del 3.6 % en el gasto programable. Sin embargo, esta estrategia enfrenta importantes retos y revela las tensiones entre la viabilidad fiscal, el bienestar social y el desarrollo económico.
Por un lado, los ingresos proyectados descansan en un optimismo económico que no contempla cambios estructurales en el sistema fiscal. Por otro, los recortes al gasto programable, que impactan sectores clave como salud, educación e infraestructura, profundizan desigualdades y limitan la capacidad institucional. Además, el marco macroeconómico subyacente, con proyecciones muy optimistas para 2030, plantea dudas sobre su factibilidad. Reducir el costo financiero de la deuda en un contexto de creciente endeudamiento y tasas de interés elevadas resulta, cuando menos, contradictorio.
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El enfoque de este PE refuerza las previsiones de un ajuste fiscal inevitable, pero el método elegido para lograrlo—principalmente recortes al gasto público—tiene implicaciones preocupantes. La educación, por ejemplo, registra el presupuesto más bajo como porcentaje del PIB desde 2013, comprometiendo el desarrollo del capital humano. En salud, los recortes amplían brechas entre subsistemas públicos, con mayores efectos en la población sin seguridad social y dificultan el avance hacia la Cobertura Universal de Salud.
En un país con profundas desigualdades sociales, la austeridad aplicada selectivamente no solo afecta los servicios esenciales, sino que también socava la equidad intergeneracional. Los compromisos crecientes como las pensiones y apoyos a Pemex limitan aún más los recursos disponibles para garantizar derechos básicos y la inversión en la primera infancia, e invertir en el futuro de las próximas generaciones.
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Aunque el gasto público alcanza 9.3 billones de pesos, cerca del 80% está comprometido en rubros como pensiones, gasto federalizado y costo de la deuda. Esta rigidez deja poco margen para políticas innovadoras o inversión en sectores estratégicos. Además, la falta de una reforma fiscal progresiva perpetúa un sistema incapaz de atender las necesidades de gasto crecientes y de reducir las desigualdades estructurales.
La eficiencia recaudatoria tiene límites, y sin cambios profundos en el sistema fiscal, las metas de sostenibilidad a largo plazo parecen inalcanzables. Por ejemplo, los ingresos energéticos, aunque en aumento, se destinan exclusivamente a Pemex y CFE, restringiendo su uso para otras áreas prioritarias.
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El PE 2025 refleja los desafíos de mantener un equilibrio entre la estabilidad fiscal y el desarrollo social. No obstante, la estrategia basada en recortes y ajustes selectivos parece agravar los problemas en lugar de resolverlos. Es imperativo que la discusión sobre el presupuesto evolucione hacia un enfoque más integral, que contemple una reforma fiscal progresiva y priorice el bienestar de la población sin comprometer la sostenibilidad financiera a largo plazo.
Este momento exige decisiones audaces y responsables para garantizar un desarrollo inclusivo y equitativo. El futuro de las finanzas públicas y el bienestar de las generaciones presentes y futuras dependen de ello.
