El color del partido es lo de menos. El nepotismo, esa práctica de otorgar cargos públicos a familiares cercanos, sigue siendo una sombra que persiste sobre la política mexicana, incluso en los tiempos de la Cuarta Transformación. La reciente designación de Bertha Alcalde Luján como candidata al cargo de fiscal de la Ciudad de México abre un debate necesario sobre cómo este fenómeno sigue siendo minimizado por el gobierno actual, a pesar de los compromisos de transparencia y justicia que se hicieron al inicio de su mandato. La defensa de Alcalde Luján y las respuestas de las autoridades ante las críticas evidencian cómo este problema persiste.
La figura de Bertha Alcalde, hermana de la actual secretaria de Energía, Rocío Nahle, y sobrina del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un ejemplo claro de cómo el nepotismo sigue existiendo, aunque el gobierno de la 4T lo niegue o minimice. En su defensa, Bertha Alcalde asegura que no hay ninguna relación entre su nombramiento y el parentesco con su hermana, argumentando que su carrera profesional y sus méritos son suficientes para asumir el cargo de fiscal. Sin embargo, este argumento no termina de convencer a muchos, quienes consideran que, en la política mexicana, la percepción es tan importante como los hechos.
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En su intervención, la también abogada defiende su independencia y la legitimidad de su designación. Aunque no haya evidencia directa de que su parentesco haya influido en la decisión, la mera especulación sobre su vínculo familiar con figuras clave del gobierno genera desconfianza en la sociedad. No es lo mismo que un personaje sea propuesto para un cargo alto por mérito propio que saber que su círculo cercano tiene acceso a decisiones políticas importantes. Esto deslegitima el proceso, incluso si no se demuestra una ilegalidad.
Por otro lado, la presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la idea de que existiera nepotismo en su administración, pero en los hechos sigue permitiendo que las familias cercanas al poder se asignen posiciones clave, lo que perpetúa un modelo de gobierno que, aunque se quiera presentar como progresista, sigue sustentado en prácticas tradicionales del pasado.
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El problema del nepotismo no solo radica en los cargos que se ocupan, sino también en el daño que causa a la democracia y a la percepción de justicia en el país. Un gobierno que no toma en cuenta las inquietudes de la ciudadanía sobre estos vínculos familiares corre el riesgo de perder la confianza popular, algo que resulta contraproducente para cualquier administración que usa la palabra “pueblo” para justificar sus acciones. A pesar de las intenciones de la 4T de transformar al país, estos casos dan la impresión de que las dinámicas políticas no han cambiado, sino que simplemente se han redistribuido y acomodado en esta y en cualquier administración.
Es importante destacar que la crítica al nepotismo no debe interpretarse como un ataque a la capacidad profesional de los designados, como en el caso de Bertha Alcalde. No se cuestiona su preparación, sino el hecho de que una estructura de poder tan cerrada y familiar siga predominando. Este fenómeno no es exclusivo de un partido o gobierno, pero sí es un desafío particular para un régimen que se presenta como defensor de la justicia y la equidad.
El caso de Bertha Alcalde no es aislado. Recientemente, los ayuntamientos de Zempoala y Tula, ubicados en el estado de Hidalgo, fueron señalados por casos de nepotismo debido a la asignación de puestos clave a familiares cercanos. Los ciudadanos exigen que se investiguen estos casos y que se tomen las medidas necesarias para frenar estas prácticas, que parecen ser comunes en distintos niveles de gobierno. A la hora de proteger sus intereses, a cualquier nivel, todos son iguales.
