Rodrigo Lebois Mateos emergió de la discreción para construir un imperio financiero que colapsó estrepitosamente en agosto de 2022, para revelar un sofisticado esquema de manipulación financiera. Con Unifin como plataforma, Lebois acumuló riqueza valiéndose de empresas familiares y aliados cercanos, para la obtención de préstamos que fueron clave en su ascenso. Entre los activos adquiridos se encuentran propiedades en Punta Mita, Houston y Madrid, además de yates y helicópteros. Sin embargo, el colapso de la arrendadora expuso el andamiaje frágil de su estrategia, que dependía de créditos obtenidos bajo la sombra de información maquillada.
El auge de Unifin estuvo respaldado por un entramado político y empresarial. La relación de Lebois con Gerardo Ruiz Mateos, cercano a Felipe Calderón, facilitó el crecimiento de la compañía desde 2006. En ese año, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), que hoy preside Jesús de la Fuente Rodríguez, autorizó a Unifin operar como Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom), permitiéndole emitir deuda en mercados financieros. Fue también en 2018 cuando Sergio Camacho asumió como director general de Unifin y bajo su gestión, los créditos a empresas vinculadas al círculo de Lebois aumentaron exponencialmente, lo que incrementó los “saldos de cuentas por cobrar” hasta superar los cuatro mil millones de pesos. Sin embargo, los auditores de PriceWaterhouseCoopers (PwC) y las calificadoras de riesgo, como Standard & Poor’s y Fitch, mantuvieron la imagen favorable de la empresa, lo que les permitió el acceso a créditos a tasas bajas.
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Durante años, Unifin proyectó una falsa solvencia que atrajo a inversionistas y acreedores. El endeudamiento pasó de nueve mil 806 millones de pesos en 2013 a más de 81,837 millones de pesos en 2022, un incremento del 735%. Este descontrol culminó el 8 de agosto de 2022, cuando Unifin anunció su default crediticio. La compra de la plataforma “Frida 1” por 80 millones de dólares en 2019 reflejó el descontrol financiero de la empresa, la cual se vio obligada a venderla en 2023 por apenas 65 millones de dólares en medio de un concurso mercantil. Los contratos de arrendamiento fraudulentos y simulados se volvieron evidentes, y las advertencias de ejecutivos fueron ignoradas por Lebois, lo que llevó a varios directivos a abandonar la compañía.
Ahora, se sabe que el rescate de Unifin está en marcha bajo la dirección del secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien movilizó a Nafin y Bancomext para otorgar cuatro mil 600 millones de pesos en financiamiento. Sin embargo, esta intervención ha generado controversia, ya que la empresa no debería ser elegible para créditos de la banca de desarrollo debido a su situación financiera. Las críticas también apuntan a la intervención del asesor Leonel Ramírez Farías, vinculado al secretario de Hacienda y señalado por su influencia en la CNBV. En julio de 2024, Lebois renunció a la presidencia del consejo de administración de Unifin, alejándose formalmente de la compañía mientras su legado de irregularidades todavía afecta a los acreedores y mercados. Actualmente, Lebois reside en una zona exclusiva de Madrid, según fuentes cercanas, en espera a que el tiempo diluya el escándalo.
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Los inversionistas afectados por AlquimiaPay, propiedad de Sergio Loredo Foyo, se manifestaron en las oficinas de la Condusef exigiendo que se investigue a la empresa por presuntas operaciones fraudulentas. Acusan a AlquimiaPay de bloquear el retiro de sus fondos bajo pretexto de un “mantenimiento” indefinido. Este minúsculo personaje, Loredo Foyo, sigue enviando “cartas de derecho de réplica” en las que no aporta absolutamente ninguna prueba, y dice lo que les ha dicho a todos que son “honorables” y que no existe fraude. Incluso llega a lo inverosímil de decir que ya operan con “normalidad”, algo que no abona en absolutamente nada para que regrese el dinero que no es suyo. Eso sí el bon vivant Sergio sigue sintiéndose impune. Y ojo, que en casos de retención indebida de dinero como el descrito, la jurisprudencia establece que las empresas deben reparar los daños y que no se trata simplemente de devolver el dinero a plazos. Además, los afectados pueden exigir el pago de intereses moratorios, tal como lo señala el artículo 362 del Código de Comercio, cuando se trata de disposiciones de dinero no autorizadas. La jurisprudencia 1a./J. 61/2020 refuerza que en casos de cargos no reconocidos a tarjetas de débito, las instituciones bancarias deben reembolsar las cantidades sustraídas, y de no hacerlo oportunamente, están obligadas a pagar intereses moratorios desde el momento en que el cuentahabiente presenta la queja formal. Nos dicen que en marco legal podría ser relevante para los inversionistas de AlquimiaPay, quienes buscan no solo la restitución de su dinero, sino la reparación del daño causado….
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