Cientos de miles de homicidios y desaparecidos acumulados, incontables fosas clandestinas desperdigas por el país, millones de víctimas de actos delictivos cada año, reclutamiento de menores de edad por organizaciones criminales… El inventario del horror nacional arroja cifras cuya magnitud debería traducirse en indignación o, al menos, sonrojo social. Pero la muerte violenta, la desaparición y el crimen cotidiano han sido socialmente normalizados.
La existencia de estos actos criminales, por cuyas características y repetición sistemática representan crímenes de lesa humanidad, tendría que haber provocado una respuesta coherente y coordinada de las autoridades de todos los niveles. Pero para eso se requiere un sentido de responsabilidad mínima entre la clase política, lo cual hoy es prácticamente inexistente, con independencia de banderas y colores partidistas. No puede haber actos de responsabilidad ahí donde la vida pública ha sido lastrada por pactos de impunidad.
El horror descubierto en Teuchitlán no es un caso aislado, es otra página más, entre ya demasiados capítulos, en la historia nacional de la infamia. Este tipo de atrocidades han ocurrido una y otra vez en un país desbordado de víctimas, siguen ocurriendo impunemente ante nuestros ojos y seguirán ocurriendo una y otra vez mientras no haya un cambio profundo en las políticas nacionales y estatales frente a la inseguridad y la violencia y en tanto no se garantica acceso efectivo y expedito a la justicia.
Teuchitlán pone en evidencia las consecuencias sociales del entramado patológico de pactos de impunidad y redes de macrocriminalidad. Muestra los niveles abominables de violencia y victimización que produce la falta de voluntad política de autoridades de todos los niveles, su negligencia para cumplir su obligación primera de garantizar condiciones de seguridad, justicia y respeto a los derechos humanos. Pero también nos advierte sobre la fragilidad de las capacidades institucionales existentes, particularmente a nivel estatal, para implementar políticas efectivas de seguridad, justicia y derechos humanos.
La tragedia del campo de la muerte en Teuchitlán, al igual que el descubrimiento cotidiano de fosas clandestinas, no es un asunto de nuevas narrativas o control de daño mediático. La gravedad de la violencia y el abandono de las víctimas en México es un asunto del ámbito de la verdad, la justicia, la memoria y garantías de no repetición. La tentación del autoengaño puede ser muy poderosa, pero la magnitud de este y otros eventos semejantes, señalan formas de ataque y violencia contra la población que son generalizadas, que se repiten y ocurren con el conocimiento o complicidad de autoridades. Todo esto implica condiciones de exterminio sistemáticas.
El gobierno federal tiene la responsabilidad de encabezar una investigación profesional que permita garantizar justicia a las víctimas y fincar responsabilidades a los perpetradores. Pero tiene también la oportunidad de crear las bases institucionales para romper los pactos de impunidad que han podrido la vida pública desde hace ya demasiados años y poner un alto a las atrocidades que han destruido el tejido social y la calidad de vida de los mexicanos.
Realizar una investigación improvisada, motivada por agendas políticas, que no integre a los familiares de las víctimas y los colectivos que buscan a los desaparecidos, que abra algún espacio aunque sea mínimo a la impunidad o huela a prácticas de encubrimiento, tendrá repercusiones terribles para el país en los próximos años y terminará erosionando la credibilidad del gobierno a nivel nacional y ante los ojos de mundo. Teuchitlán exige poner la justicia y la responsabilidad en el centro del debate política y de la acción pública.
