Últimamente pienso en el día en el que se me requirió presentar a mi perro a un centro de control canino. Ese día, llegué a mi casa y vi a mi esposa consternada: había encontrado, debajo de la puerta, más que un documento, un “talón”, con la instrucción de remitir al animal en fecha y hora cierta para un destino trágico, por supuestamente haberse abalanzado a alguien comprometiendo su seguridad. Más allá de la inverosimilitud de la acusación (se trataba de un enclenque caniche miniatura), llamó mi atención que el talón no citaba precepto legal alguno, no decía quién había girado la orden y, de hecho, no venía firmado. Con certeza, concluí inmediatamente que no se trataba de un mandato legítimo de autoridad y que ese talón equivalía a la nada jurídica. Así pues, mi perro tuvo una larga vida y murió 12 años después.
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Esta anécdota pone en evidencia que hay una serie de certezas básicas en las que descansa nuestra vida diaria. Se trata de derechos que no suelen estar a discusión y que damos por sentado cuando desayunamos, comemos y cenamos. Nos proporcionan la libertad para definir el proyecto de vida que deseamos perseguir y para escoger las herramientas que estimamos más adecuadas para alcanzarlo. Nos dan, asimismo, la seguridad de que el Estado no interferirá con esa libertad arbitrariamente. Se trata no solo de las libertades clásicas (como la libertad de expresión, de asociación, de trabajo, de tránsito, de empresa, entre muchas otras), sino de protecciones que nos permiten vivir desinhibidamente y conciliar el sueño (como el derecho a la privacidad, la inviolabilidad de las comunicaciones, la inviolabilidad del domicilio, etc.) o que nos permiten encontrar paz al saber que el Estado no tiene permitido dejar caer sobre nosotros su poder exorbitante sin respetar rigurosos límites (como el derecho a no incriminarse, a no ser molestado sin mandamiento escrito fundado y motivado emitido por autoridad existente y competente, a la audiencia previa a los actos privativos, a la presunción de inocencia, entre otros).
¿Y qué tiene que ver esto con la serie de colaboraciones que anuncié en el marco de la elección de jueces, magistrados y ministros? Pues bien, en el marco de la reforma judicial, mucho se ha dicho sobre el voto popular, el procedimiento de selección de candidatos y las campañas de aspirantes a cargos judiciales; sin embargo, creo que poco se ha expresado sobre la etapa post electoral. Es precisamente ahí donde la ciudadanía tendrá la mayor de las responsabilidades: observar cómo es que comienzan a dictarse las sentencias de amparo por parte de los nuevos integrantes del Poder Judicial de la Federación (i.e., sentencias que determinan si se violaron o no derechos humanos). Será a partir de ese momento que podremos objetivamente advertir si las bondades apuntadas por los defensores de la reforma se materializan, o bien, si los riesgos apuntados por sus críticos son de la magnitud vaticinada.
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En este ejercicio, si bien será importante cuidar que las sentencias mantengan el rigor técnico propio de la correcta función jurisdiccional, lo crucial, en mi opinión, será vigilar preventivamente que no se aparten de la larga tradición jurisprudencial que ha reconocido y pormenorizado (en beneficios de todas y todos) las figuras básicas a las que hice referencia. Y, en dicho ejercicio, habrá de estar conscientes de que un riesgo como este no suele verificarse de manera abrupta, sino poco a poco y de manera difícilmente detectable.
Que no haya duda: la prueba del ácido no estará en las urnas, sino en los expedientes.
* Esta columna se hace en colaboración con María José Fernández Núñez
