La vida, en todas sus formas, es un milagro. Desde una semilla que germina hasta el primer aliento de un recién nacido, el acto de vivir representa posibilidades infinitas. Sin embargo, este milagro también puede traer consigo decisiones complejas, una de ellas: elegir interrumpir el embarazo, con la garantía de no incurrir en un delito.
Con la reciente despenalización del aborto en Chiapas y en el Estado de México suman ya 19 los estados del país donde es legal la interrupción voluntaria del embarazo. En la mayoría hasta las 12.6 semanas de gestación y sin justificar la decisión.
Estos estados se unen a una conciencia que busca un cambio importante en la percepción social y jurídica del aborto como un derecho fundamental, porque más allá de las implicaciones legales, esta práctica detona secuelas sociales, de salud pública y de derechos humanos.
Tengamos en cuenta que ninguna decisión surge en el vacío. Cuando hablamos de la interrupción del embarazo, es necesario considerar que detrás de cada decisión hay una historia única. Una mujer en esta situación podría estar lidiando con pobreza, violencia doméstica, problemas de salud, o simplemente una etapa de vida en la que no se siente lista para ser madre.
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En estos casos, el aborto no es el rechazo del milagro, sino una afirmación de la vida que esa mujer está construyendo para sí misma. Significa tomar el control de su historia, algo que no la criminaliza y que debería reconocerse como un acto de valentía.
En los últimos años, el debate sobre la despenalización del aborto ha cobrado fuerza en gran parte del mundo, incluyendo América Latina. En este contexto, aún persisten confusiones respecto de dos conceptos: “despenalización” y “legalización”, ambos relacionados, pero con implicaciones distintas.
Despenalizar el aborto significa eliminar las sanciones penales asociadas con esta práctica. En otras palabras, las mujeres que deciden interrumpir un embarazo no enfrentarán cargos criminales ni prisión.
Por otro lado, legalizarlo implica establecer un marco normativo que permita el acceso seguro y regulado a este procedimiento, usualmente bajo ciertas condiciones como límites gestacionales, razones médicas, o en casos de violación.
Es decir, la despenalización se enfoca en proteger a las mujeres de la criminalización y de un sistema judicial que muchas veces falla en reconocer las complejidades de las decisiones reproductivas. Legalizar el aborto, en cambio, garantiza acceso seguro y el acompañamiento médico necesario, pero no siempre incluye la eliminación total de sanciones penales en circunstancias no contempladas por la ley.
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México ha avanzado en la despenalización en 19 entidades federativas, pero aún queda un camino por recorrer para garantizar un acceso seguro y legal en todo el territorio. De acuerdo con el Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), un paso esencial para avanzar en la justicia reproductiva es primero despenalizar para eliminar el estigma punitivo y luego legalizar para garantizar derechos.
Por otra parte, la práctica segura no es solo un tema de salud pública, sino también un derecho humano. La Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que cada año ocurren aproximadamente 25 millones de abortos inseguros, de los cuales la gran mayoría se realizan en países donde la práctica es ilegal o está severamente restringida. Estos procedimientos ponen en peligro la vida de millones de mujeres, especialmente aquellas en situación de pobreza, que no tienen acceso a atención médica de calidad.
El Comité de Derechos Humanos de la ONU señala que penalizar la interrupción gestante constituye una violación de los derechos de las mujeres, incluyendo el derecho a la vida, la salud y a no ser sometidas a tratos crueles e inhumanos.
La despenalización del aborto no obliga a nadie a interrumpir un embarazo, pero sí protege el derecho de las mujeres a decidir sin temor a ser castigadas.
Es un primer paso hacia un sistema más justo y equitativo, donde la salud, la dignidad y la autonomía de las personas sean prioritarias. Ese es el verdadero milagro.
Fuentes consultadas:
Organización Mundial de la Salud (OMS), Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE) y Comité de Derechos Humanos de la ONU.
