Los sistemas autocráticos se caracterizan por una alta concentración de poder en manos de pocos, donde la separación de poderes se anula parcial o completamente. Se gobierna mediante decretos sin participación parlamentaria. La independencia del poder judicial está gravemente comprometida. Las libertades políticas se restringen, la participación ciudadana en la toma de decisión es rara o inexistente, y las voces críticas son silenciadas mediante arrestos, tortura u otras formas de violencia. Las libertades de prensa y de expresión están bajo amenaza.
En América Latina, marcada por históricas desigualdades sociales y económicas, las sociedades son particularmente vulnerables frente a la aparición de figuras mesiánicas, de autócratas que prometen combatir el poder de las élites tradicionales y la corrupción. En términos de elecciones funcionales, el grado de pluralismo, la operatividad del gobierno, la participación política, así como las libertades civiles, la democracia en algunos países de la región ha sufrido un duro revés. La erosión de las instituciones en los regímenes autoritarios es, en gran medida, responsabilidad de la élite política, que intenta constantemente modificar las reglas del juego en aras de mantener el poder.
Así, la constitución se irrespeta e interpreta de tal manera que las acciones antidemocráticas repentinamente parecen legítimas, tal es el caso de la reelección inconstitucional de Nicolás Maduro en Venezuela, Daniel Ortega en Nicaragua y Nayib Bukele en El Salvador. Detrás de una fachada democrática, estos líderes amplían su poder de manera irrestricta y justifican la brutal represión de cualquier voz disidente. De este modo, el régimen de Daniel Ortega continúa apresando a opositores, cuya integridad física no está garantizada, dado que la tortura en las cárceles de Nicaragua es cotidiana. Por otro lado, Nayib Bukele goza de altos índices de aprobación, dado que la situación de seguridad ha mejorado drásticamente tras la detención de 50,000 miembros de los grupos delincuenciales conocidos como las maras. Más del 90% de la población aprueba esta política de mano dura, ignorando que con la reciente nueva prórroga del régimen de excepción -que permite la detención arbitraria de criminales o incluso de opositores políticos-, así como manteniendo a los detenidos en condiciones infrahumanas, se está violando el Estado de derecho. En conclusión, el autoritarismo representa un gran riesgo para las jóvenes democracias latinoamericanas y pone a prueba las instituciones del estado de derecho, así como los valores liberales y la libertad del individuo.
Como Fundación Friedrich Naumann buscamos fortalecer el Estado de derecho y la sociedad civil, promoviendo, además, el respeto de los derechos humanos, ya que de esta forma se pueden contrarrestar las tendencias autoritarias en regímenes híbridos. Es fundamental que la comunidad internacional sea más visible en este contexto y se comprometa a una cooperación económica con aquellas democracias en riesgo que requieren fortalecerse. Además, las sanciones específicas contra funcionarios autoritarios pueden aumentar la presión sobre los dictadores y sus regímenes. Las consecuencias de la pasividad internacional se observan en la preocupante situación de Nicaragua y Venezuela, que se han transformado en dictaduras totalitarias.
Nuestros pensamientos están con aquellas y aquellos que luchan por la libertad en América Latina en circunstancias extremadamente difíciles.
