La desaparición forzada es una realidad cruda y constante en México. Más allá de las cifras escalofriantes, lo que más duele como sociedad es que esas personas, esos nombres y rostros, se desvanecen de la memoria colectiva sin que nadie rinda cuentas. Lo peor de todo es que se ha convertido en una tragedia cotidiana, marcada por la impunidad y el abandono institucional. En cada historia de desaparición, se repiten las mismas agravantes: la inacción del Estado y la falta de justicia.
En los primeros 100 días del gobierno de Claudia Sheinbaum, por ejemplo, se duplicó el número de desaparecidos en comparación con el gobierno de López Obrador, según datos de la asociación Causa Común. Esta alarmante cifra no es un accidente, sino una consecuencia directa de la debilidad de las instituciones y la incapacidad para garantizar la seguridad de los mexicanos. Las desapariciones no son algo nuevo, pero cada vez parecen más cercanas y recurrentes. Esto nos lleva a una reflexión fundamental: ¿por qué, y en manos de quién, desaparecen las personas en México? Este fenómeno no sólo responde a un contexto de violencia organizada, sino también a una falta de control estatal, donde la justicia se ve ausente y los responsables siguen impunes.
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Según los informes de Causa Común, el 99% de las desapariciones permanecen impunes. Es decir, casi ninguna de estas tragedias recibe justicia. Las autoridades encargadas de investigar estos casos simplemente no lo hacen o lo hacen de manera deficiente. La falta de recursos, de compromiso y de voluntad política se combinan para crear un panorama de desesperanza para las víctimas y sus familias. Esta impunidad es una de las causas que perpetúan el fenómeno de las desapariciones en el país.
El Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) revela que, hasta diciembre de 2024, México contaba con 344,592 registros de desapariciones, de los cuales el 35% sigue sin resolverse. Esta cifra refleja la magnitud de la crisis y el abandono institucional. Las políticas públicas en materia de seguridad y justicia se quedan cortas, y al no haber un seguimiento adecuado de los casos, la confianza en las autoridades se pierde.
Este vacío de confianza genera una sociedad atrapada entre la desesperación y la resignación. En muchas zonas del país, el miedo se ha instalado como una sombra, pues cualquiera puede ser la siguiente víctima. La sensación de vulnerabilidad refuerza la creencia de que no hay escape para quienes viven bajo la amenaza constante de la violencia. A medida que las respuestas de las autoridades son deficientes o tardías, la desconfianza crece y la impotencia se convierte en un sentimiento común.
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A pesar de este panorama sombrío, las familias de los desaparecidos no han dejado de luchar. Exigen justicia, buscan a sus seres queridos y se niegan a ceder ante la indiferencia de las instituciones. En su resistencia, se encuentra la esperanza de que algún día el Estado mexicano asuma su responsabilidad y actúe con la urgencia que la situación requiere. Si no fuera por estos valientes esfuerzos, la sociedad podría haber olvidado a aquellos que desaparecen sin dejar rastro.
Las desapariciones en México son un problema que no sólo afecta a las víctimas y sus familias, sino que nos atraviesa como nación. Nos obliga a cuestionarnos sobre los valores que defendemos y sobre la legitimidad de las instituciones que prometen protegernos. El dolor de las desapariciones no es sólo de los afectados directos; es el dolor de todo un país incapaz de dar respuesta a la tragedia de su propia gente y de aquellos que aún nos visitan.
