Con poco tiempo de discusión y revisión del presupuesto, el Congreso de la Unión aprobó un gasto total de 9.3 billones de pesos para 2025. Este presupuesto refleja ajustes y reasignaciones importantes, orientadas a compensar algunas áreas del gobierno a través de significativos recortes en otras, particularmente en organismos autónomos y generales.
Se llevaron a cabo reasignaciones por 35 mil 895.9 millones de pesos, equivalente al 0.4% del gasto neto total. Destaca el incremento a la Secretaría de Educación Pública (SEP), que obtuvo el mayor aumento relacionado con los recortes a presupuestos propuestos en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) a instituciones de educación superior. Este movimiento genera preguntas sobre el impacto de los recortes en otras áreas fundamentales para la gobernanza y la democracia.
El 76.7% del total de los recortes se concentró en dos instituciones clave: el Instituto Nacional Electoral (INE) y el Poder Judicial. El INE enfrenta una reducción de 13 mil 476 millones de pesos (mdp), equivalente al 33.3% de lo propuesto inicialmente en PPEF. Este ajuste resulta especialmente preocupante, dado que el instituto tiene la tarea de organizar un histórico proceso electoral para la renovación del Poder Judicial.
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Por su parte, el Poder Judicial sufrió un recorte de 14 mil 042 mdp, lo que representa un 16.5% menos de lo originalmente planteado. Esta disminución podría debilitar las capacidades operativas de una institución que ya enfrenta desafíos significativos. Los nuevos jueces y magistrados podrían encontrar limitaciones financieras que afecten el desempeño de sus funciones.
En contraste, algunas áreas experimentaron aumentos. La SEP recibió un incremento de 14 mil 984 millones de pesos para compensar los recortes anunciados al entregar el PPEF; Infraestructura, Comunicaciones y Transportes aumentó 6mil712.5 mdp, Defensa Nacional (6 mil 292.8 mdp) y Cultura (3 mil mdp).
Además, se asignaron recursos a dos nuevos ramos que debutan en el presupuesto: el ramo de Mujeres, con 2 mil 093.5 mdp, y la Agencia de Transformación Digital y Comunicaciones, con 3 mil 010.2 mdp. De acuerdo con la nueva administración, estos nuevos ramos reflejan un esfuerzo por atender demandas sociales y tecnológicas emergentes, aunque su éxito dependerá de su implementación efectiva.
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Uno de los puntos a resaltar del presupuesto aprobado es el recorte a varios organismos autónomos después de aprobada la reforma correspondiente. Aunque la reforma original no preveía su desaparición formal, en la práctica, la reducción presupuestal casi los anula. Instituciones como COFECE, IFT, INAI, CRE y CNH enfrentarán severas limitaciones para cumplir con sus funciones.
Esto genera interrogantes sobre la capacidad del gobierno federal para absorber las responsabilidades de estos organismos y mantener la calidad de los bienes y servicios que ofrecen. La transición hacia un modelo más centralizado podría traducirse en ineficiencias y una mayor debilidad institucional.
El presupuesto aprobado para 2025 muestra un esfuerzo por ajustar las finanzas públicas y redirigir recursos hacia áreas prioritarias de la nueva administración. Sin embargo, también plantea importantes retos. La pregunta central es si el balance logrado entre recortes y reasignaciones es sostenible en el largo plazo. El desafío para el gobierno federal será demostrar que los recursos reasignados pueden traducirse en beneficios tangibles para la sociedad sin comprometer los pilares institucionales del Estado mexicano.
