Permisionarios del servicio de taxis del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) han denunciado públicamente presuntos actos de corrupción protagonizados por José Luis Martínez Colina, director de Asuntos Jurídicos de la terminal aérea. De acuerdo con los testimonios, Martínez Colina habría favorecido a la empresa de taxis Servicio de Excelencia, en un juicio que resultó en una condena económica contra el aeropuerto, generando un beneficio directo para la compañía y, presuntamente, para el funcionario. El caso más reciente, según los denunciantes, está relacionado con una resolución judicial emitida el 13 de enero de 2024, en la que el AICM fue declarado culpable de prácticas monopólicas en perjuicio de Servicio de Excelencia. El fallo, dictado por el juez federal Juan Pablo Gómez, obliga al aeropuerto a indemnizar a la empresa por los daños y perjuicios ocasionados.
Sin embargo, el caso se complicó debido a que los abogados del AICM, bajo la supervisión de Martínez Colina, no presentaron los argumentos de apelación dentro del plazo establecido, lo que convirtió el fallo en definitivo e inapelable. Los permisionarios explicaron que la impugnación debió ser ingresada entre el 11 y el 13 de diciembre de 2023, pero los representantes legales del aeropuerto lo hicieron hasta el 4 de enero de 2024, fuera del tiempo permitido. Este retraso, señalaron, fue un acto deliberado que, según ellos, obedece a un “acuerdo” entre Martínez Colina y la empresa de taxis, en el cual el funcionario recibiría un porcentaje de la indemnización que Servicio de Excelencia obtendría del AICM.
El juez que emitió la sentencia, Juan Pablo Gómez, fue ascendido a magistrado poco después de dictar el fallo y renunció a su cargo en octubre de 2023. A pesar de ello, la resolución quedó firme debido a lo que los denunciantes califican como un error procedimental deliberado.
Los denunciantes también acusaron a Martínez Colina de tener vínculos con exfuncionarios del AICM, como Carlos Lobera y Miguel Ángel Téllez Hernández, quienes supuestamente operan en complicidad con él para ejecutar diversas irregularidades en la administración del aeropuerto. Según los permisionarios, estos actos de corrupción se realizan con total libertad y la aparente complicidad de la Dirección General del aeropuerto y de la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT), que no han tomado acciones legales o administrativas para frenar estas prácticas.
A lo largo de sus declaraciones, los permisionarios subrayaron que las irregularidades en las que presuntamente participa Martínez Colina se han vuelto cada vez más evidentes, afectando gravemente la operación y la imagen del aeropuerto. Criticaron que, a pesar de las denuncias públicas y del conocimiento de los hechos por parte de las autoridades competentes, no se ha realizado ninguna investigación seria ni se han implementado medidas correctivas.
La urgencia es que las autoridades del AICM y del gobierno federal para que actúen con prontitud y pongan fin a los presuntos actos de corrupción. “¿Hasta cuándo vamos a seguir padeciendo a este funcionario corrupto y sus actos sin que el Aeropuerto tome cartas en el asunto?”, cuestionaron los permisionarios. También señalaron la importancia de restaurar la confianza en las instituciones que administran una de las terminales aéreas más importantes del país y garantizar que los recursos públicos se utilicen con transparencia y en beneficio de los usuarios.
La SCJN y IFT
En sesión pública ordinaria, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió por unanimidad de cuatro votos sobreseer la controversia constitucional promovida por el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) en contra del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador. La controversia se presentó por la omisión del mandatario de proponer al Senado de la República a los candidatos necesarios para cubrir las vacantes en el pleno del IFT, que desde 2020 ha operado con solo cuatro de sus siete integrantes. El caso fue admitido a trámite por la Suprema Corte en septiembre de 2022 y se turnó a la ministra Yasmín Esquivel Mossa, integrante de la Segunda Sala.
El 7 de septiembre de ese mismo año, Esquivel Mossa emplazó al Ejecutivo Federal a responder la demanda en un plazo de 30 días. Conforme al artículo 28 constitucional, un Comité de Evaluación, integrado por representantes del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y el Banco de México, había enviado previamente al Ejecutivo los resultados de los aspirantes que obtuvieron las calificaciones más altas en un examen de conocimientos, con el objetivo de cubrir las vacantes. Sin embargo, durante la sesión del 15 de enero de 2025, la Segunda Sala decidió sobreseer la controversia constitucional.
Los votos a favor de esta resolución fueron emitidos por los ministros Alberto Pérez Dayán y Javier Laynez Potisek, así como por las ministras Lenia Batres Guadarrama y la propia ponente, Yasmín Esquivel Mossa.
Con esta decisión, la Suprema Corte pone fin al proceso legal promovido por el IFT, que buscaba garantizar la integración completa de su pleno y asegurar el cumplimiento de las disposiciones constitucionales que rigen la operación de este órgano autónomo. La resolución deja sin efectos las solicitudes del IFT, aunque el tema de las vacantes en el pleno del instituto sigue siendo una cuestión pendiente para la adecuada gobernanza del sector de telecomunicaciones y radiodifusión en México.
Voz en Off
La llegada de Donald Trump como presidente de los Estados Unidos, está uniendo a empresarios de México y Canadá que han pactado fortalecer su cooperación para enfrentar los retos globales y consolidar el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC). Hoy nace “CEO Dialogue México-Canadá”, con el que pretenden fortalecerse ambos países. Por el lado de México, esta Francisco Cervantes, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, y se sabe que también van Grupo Bimbo, Vitro, Kimberly-Clark de México, Alfa, Aeroméxico, Grupo Carso, Ternium, Rassini, Kansas City Southern de México, Grupo Kaluz, Arca Continental, Tenaris, Prodensa y BIVA. Y de los canadienses Goldy Hyder, presidente del Consejo Empresarial de Canadá, con el conocido Scotiabank, TC Energy, Martinrea International Inc., WestJet Airlines, Canadian National Railway Company, Nutrien, Palliser Furniture, Linamar y Teck Resources.…
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