En estos días, al observar el acalorado debate en redes sociales y medios de comunicación acerca de votar o no votar —así como los argumentos de cada postura—no puedo evitar seguir reflexionando: ¿Qué pensaba Andrés Manuel López Obrador cuando concibió esta reforma? ¿Qué circunstancias la detonaron?
Para mí, no fue un mero capricho político de un solo hombre. La llegada de la izquierda al poder en 2018 encarnó un cambio radical, surgido del hartazgo popular ante décadas de corrupción y desigualdad. Este histórico giro dio origen a un nuevo modelo político, más estatista y social, que estableció las bases de la nación. Así comenzó el inicio de la transformación —cimentada en la justicia social— que pretende seguir reivindicando los derechos de los más vulnerables.
AMLO emergió como el mandatario que, entre luces y sombras, captó con singular perspicacia el pulso social de México. Comprendió como nadie la urgencia histórica de transformar los fundamentos de la justicia. Se enfrentó primeramente a una Corte que actuó de manera facciosa ante sus iniciativas, a un Poder Judicial hermético, y personajes como —irónicamente— la primera mujer en llegar a la Suprema Corte, quienes contribuyeron a sepultar lo que otrora fuera el Poder Judicial de la Federación, institución ya de por sí enigmática para la mayoría de los mexicanos
Estamos escribiendo las páginas de una nueva historia. La reforma es hoy una realidad, y aunque voces críticas argumentan que no resuelve problemas estructurales, su verdadero valor radica en sentar las bases para reconstruir socialmente la impartición de justicia -lastrada por décadas de vicios-. Como máximo órgano de justicia, este nuevo PJF promete cimentar una formación jurídica renovada, anclada en los principios del humanismo mexicano.
En mi análisis, estos elementos constituyen los motivos cardinales que impulsaron al expresidente a presentar esta iniciativa: la imperiosa necesidad de rescatar la justicia para el pueblo, devolviéndole su esencia social y su vocación humanista.
Es cierto, como señalan algunos analistas, que la corrupción no desaparecerá de la noche a la mañana, pero esto es apenas el inicio. Al menos ahora, ciertas figuras corruptas del pasado ya no tendrán cabida en el nuevo sistema. Era imperativo una limpia, y quienes estuvieron dispuestos a alinearse con los cambios sociales y a escuchar a la ciudadanía serán los encargados de impartir justicia.
El ocaso del antiguo régimen judicial fue, también en esencia, consecuencia de su propia soberbia institucionalizada. Los privilegios acumulados durante décadas llevaron a ciertos integrantes a actuar con un desdén y arrogancia incompatibles con la función pública, lo que las y los incapacitó para emprender una auto reforma. Esta situación se agravó por una estructura de poder centralizada - donde la presidencia de la Corte y del Consejo de la Judicatura permanecían fusionadas -, lo que generó un conflicto de interés estructural: su crónica incapacidad para sancionar a jueces corruptos dentro de su propio sistema.
Ahora, el Tribunal de Disciplina será clave. Es imperativo votar con atención a estos perfiles, pues estos serán los responsables de evaluar, vigilar y sancionar a los jueces. Su labor no será fácil: enfrentarán presiones políticas, especialmente cuando sus decisiones choquen con ciertos intereses, incluso —se podría decir— los del propio régimen.
La controversia generada en torno a los llamados “acordeones electorales” no representa fundamento válido para cuestionar la legitimidad del reciente proceso democrático. Si bien resulta pertinente reconsiderar el diseño de la boleta electoral -particularmente su extensión-, este aspecto no menoscaba en absoluto la validez de los resultados obtenidos.
No ignoro los pendientes monumentales para nuestro sistema de justicia: reformar ministerios públicos y fiscalías, alcanzar estándares internacionales en número de jueces, erradicar las fábricas de escuelas patitos de derecho y, sobre todo, formar profesionales con auténtica vocación de justicia -no mercenarios del derecho-. Debemos cultivar simultáneamente una nueva cultura de legalidad, porque la justicia -la madre de todas las virtudes- se edifica primero en el corazón de cada ciudadano.
No podemos delegarlo todo al gobierno. Esta nueva página que escribimos como país exige que todos participemos en la construcción de un nuevo PJF. La reforma avanza, contigo o sin ti, como bien se dice, pero tu puedes hacer la diferencia.
Es muy fácil argumentar que no se votará para “no legitimar esta elección”, pero la realidad es que el proceso ya está en la Constitución. Luchar siempre ha sido la opción, sobre todo cuando se trata de una obligación moral y ética como el voto. Pero más que eso, representa la oportunidad histórica de renovar y construir, un Poder Judicial para todas y todos los mexicanos.
