Los hermanos Cuauhtémoc Blanco Bravo y Ulises Bravo Molina, lejos de representar buenos activos para el Partido Morena, son el principal ejemplo de los excesos y abusos al amparo del poder.
En Morelos, a un mes de que Margarita González Saravia asumiera la gubernatura del estado, lejos de hablar de su proyecto de gobierno para los siguientes seis años, la opinión pública está volcada en cuestionar los escándalos en los que se han visto involucrados el exgobernador y su hermano, el dirigente estatal del partido guinda.
La población en Morelos pide que se castiguen todos los abusos de Cuauhtémoc Blanco y su pandilla, pues día con día salen a relucir presuntos actos de corrupción, como lo es la compra de terrenos que hicieron varios de sus allegados en la zona del Lago de Tequesquitengo a precios de ganga: de un costo promedio de 3 millones, los compraron en menos de 150 mil pesos.
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Entre ellos destacan la ex secretaria de administración, Sandra Anaya Villegas –hoy diputada federal de Morena–, la ex secretaria de hacienda, Mónica Boggio, actual magistrada en el Tribunal de Justicia Administrativa, y Edgar Riuo, exsecretario particular y primo del Cuau.
Pero quienes están en verdaderos problemas son Cuauhtémoc Blanco y su hermano Ulises, pues ambos personajes cuentan con denuncias penales por presunta violación o violencia intrafamiliar, que involucra a mujeres, dejando en entredicho el discurso hacia ese sector de la sociedad morelense.
No es lo mismo acusar sin pruebas, que contar con los elementos suficientes para interponer acusaciones que siguen su cause en materia penal, hasta que llegan ante un juez de control para desecharlas o en su caso actuar en consecuencia contra los presuntos responsables.
Entonces, lo que vemos en los últimos días en Morelos, es que se confirma que en la era del entonces gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo, existía una complicidad entre él y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, Jorge Gamboa Olea, para que los jueces fallarán siempre a favor del mandatario y su familia en caso de alguna denuncia penal en su contra.
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Ese pacto de impunidad existía, ya que de otro modo no se explica que este martes los magistrados Rafael Brito, Juan Emilio Elizalde y Martha Sánchez, quienes integran la Tercera Sala de dicho Tribunal, hayan ordenado al juez Luis Guillermo Ortega reabrir el caso contra el dirigente estatal de Morena, Ulises Bravo Molina, para vincularlo a proceso por el delito de violencia familiar y, por ende, ordenar su detención con una alta posibilidad de imponerle prisión preventiva.
En una situación similar se encuentra el exfutbolista y ahora diputado, claro plurinominal, ya que existe una denuncia penal por el presunto delito de violación en su contra. La denuncia fue interpuesta por una hermana del exmandatario y la cual sigue su curso en la investigación.
En este tema, la propia presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, fijó su postura, que contrario al expresidente Andrés Manuel López Obrador, que cuando tenía oportunidad salía en defensa de Blanco Bravo, ella se mostró seria y directa al señalar que se debe llegar al fondo del asunto y castigar en caso de que exista un delito.
En este entramado de escándalos, también salta a la escena pública el todavía presidente del Tribunal Superior de Justicia de Morelos, Jorge Gamboa Olea, a quien la Comisión de Derechos Humanos del Estado, le tiene nueve expedientes en su contra por presuntas violaciones a derechos humanos, tales como hostigamiento y acoso laboral, acoso sexual, discriminación, libertad de expresión, violencia vicaria, entre otras.
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Regresando a los casos de los hermanos Cuauhtémoc Blanco Bravo y Ulises Bravo Molina, la nada digna actuación de ambos, se vio reflejada en la irritación y enojo que se hizo presente hace dos semanas cuando la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde, asistió a Morelos y que lejos de resaltar el trabajo de partido, el acto proselitista estuvo marcado por los cientos de abucheos de que fue objeto el dirigente estatal de ese instituto político.
Ante los actuales hechos, la líder nacional morenista tendrá que tomar cartas en el asunto y como primero acción está obligada a quitarle la dirigencia estatal al hermano del ex gobernador morelense, sino lo hace, no pasará mucho tiempo en sufrir las consecuencias de su falta de oficio político ante la militancia de su partido o lo que es peor ante la sociedad de Morelos.
En Cortito: Nos cuentan que la nueva coordinación entre el municipio de Cuernavaca con el gobierno de Margarita González Saravia y la presidenta Claudia Sheinbaum ha traído consigo importantes avances en la reducción de la incidencia delictiva en la capital de Morelos.
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El resultado de este nuevo entendimiento político está encabezado por el alcalde, José Luis Urióstegui Salgado, y consiste en la reducción de delitos como el robo a casa habitación con violencia y sin violencia, el robo de vehículo con violencia y sin violencia, el robo de motocicleta con y sin violencia y el robo a negocio sin violencia.
El resultado de estos números se debe a la buena cooperación que existe entre las autoridades de la capital del estado con la SEDENA y la Guardia Nacional, ya que pusieron en marcha diversos operativos de prevención del delito en Cuernavaca.
