México es una república de intensas diversidades: geográficas, culturales, económicas y políticas. Esta riqueza territorial exige una gobernanza sofisticada, basada no en la homogeneidad, sino en la coordinación. En los últimos años, el federalismo mexicano ha cobrado una renovada relevancia, no sólo como principio constitucional, sino como mecanismo práctico para construir soluciones desde lo local ante desafíos que son, por naturaleza, compartidos. La coordinación social entre los estados, entendida como la colaboración activa entre gobiernos que enfrentan realidades similares, se perfila hoy como uno de los caminos más eficaces para lograr un desarrollo equilibrado, sostenible y centrado en las personas.
Este enfoque adquiere especial importancia en el contexto actual, en el que una parte significativa de las entidades federativas comparten orientación política con la Presidencia de la República. Esta sintonía puede y debe ser aprovechada para construir estrategias comunes, acelerar la transferencia de buenas prácticas, articular inversiones regionales y avanzar en reformas estructurales con mayor legitimidad territorial. Pero también es necesario reconocer que, incluso en medio de esta coincidencia política, persisten diferencias regionales que requieren soluciones a medida, diseñadas desde los estados y en colaboración con sus pares.
Aquí es donde la coordinación social entre entidades federativas cobra una dimensión estratégica. Lejos de ser un simple complemento de la acción federal, se trata de un nuevo pacto entre gobiernos estatales que entienden que la lógica de la cooperación horizontal —basada en coincidencias geográficas, económicas, sociales o culturales— es una vía potente para acelerar el desarrollo. Proyectos como el Renacimiento Maya, impulsado por el Gobierno de Yucatán, ejemplifican esta visión. Este ambicioso plan no solo contempla inversiones en infraestructura y desarrollo económico, sino que articula una agenda de justicia social y sostenibilidad que puede ser compartida con otros estados del sureste mexicano. La creación de una plataforma intermodal, la modernización del Puerto de Progreso y el establecimiento de una zona libre e industrial no son solo obras locales, sino oportunidades para regionalizar el crecimiento.
En este nuevo paradigma federal, el papel de las representaciones estatales en la Ciudad de México adquiere una relevancia particular. Estas oficinas han dejado de ser simples extensiones burocráticas para convertirse en plataformas de diplomacia subnacional, de interlocución permanente y de construcción de alianzas. En una coyuntura donde los congresos federales —la Cámara de Diputados y el Senado— enfrentan una creciente complejidad para construir acuerdos entre fuerzas políticas diversas, las representaciones estatales emergen como actores clave para mantener el diálogo intergubernamental vivo. Su función no es sustituir a los órganos legislativos, sino complementarlos, tejiendo redes de entendimiento entre estados que, aunque gobernados por distintos partidos, comparten realidades y objetivos.
Por ejemplo, estados con litoral en el Golfo de México enfrentan problemáticas comunes en materia ambiental, portuaria y turística. Aquellos con alta concentración de pueblos originarios comparten desafíos en inclusión social y derechos culturales. Las entidades con vocación industrial requieren estrategias conjuntas de atracción de inversión, reconversión tecnológica y capacitación laboral. La coordinación entre estos gobiernos, facilitada por sus representaciones en la capital del país, puede dar origen a políticas públicas más eficientes, menos fragmentadas y con mayor impacto territorial.
El reto es institucionalizar esta colaboración. Se necesitan mecanismos estables —consejos regionales, redes temáticas, plataformas digitales compartidas— que permitan a los estados actuar en bloque cuando así convenga, sin depender exclusivamente de la iniciativa del centro. Esto no implica restar valor a la federación, sino fortalecerla desde la base. Un federalismo saludable no es el que concentra poder en la cúspide, sino el que articula capacidades desde el territorio.
La historia nos enseña que los grandes avances nacionales han surgido cuando los actores locales han asumido su responsabilidad con visión de Estado. Hoy, en pleno siglo XXI, frente a desafíos como el cambio climático, la seguridad, la inclusión o la transformación tecnológica, México necesita una gobernanza que piense desde abajo hacia arriba, que sume esfuerzos más allá de las diferencias partidistas y que entienda que la cooperación entre estados no es una opción política, sino una necesidad estructural. Apostar por la coordinación social entre entidades es construir un nuevo federalismo, uno que sepa escuchar al territorio, actuar en conjunto y pensar en grande.
