Cuando las cosas se hacen de manera apresurada o para explicar una acción utilizando razones poco convincentes, es común que todo comience a torcerse o a salir mal, lo que genera una serie de justificaciones que nada tienen que ver con la idea original.
Esto es lo que ocurre con la desaparición de los organismos autónomos decretada por el Congreso de la Unión. No sabemos cuántos de sus integrantes leyeron la iniciativa y, aún peor, no les preocupa hacerlo. El objetivo era cumplir un deseo, y así se hizo.
Todo comenzó el 5 de febrero pasado, una fecha histórica para nuestro país, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció una serie de reformas, entre ellas la referente a los organismos autónomos.
Y para seguir con las fechas históricas, el 20 de noviembre la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la iniciativa de reforma constitucional que elimina siete organismos constitucionales autónomos.
Se ha escrito mucho sobre este tema, y los defensores de dicha decisión han planteado argumentos que, en la realidad, no se sostienen o no resisten el más mínimo análisis.
Uno de los puntos más graves es la afirmación de que la medida generará un ahorro de más de cinco mil millones de pesos, que era el presupuesto asignado para estos organismos en el presente año.
En el artículo tercero de la iniciativa se establece textualmente: “Las economías y ahorros que se generen con la extinción de los entes públicos materia del presente decreto se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar que se cree en términos de la legislación vigente.”
Sin embargo, la semana pasada, la subsecretaria de Egresos declaró ante la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública de la Cámara de Diputados que existe “un área de oportunidad” con los recursos que se liberan tras la desaparición de estos organismos autónomos. Ningún diputado le aclaró que no hay tal “área de oportunidad”, ya que la iniciativa señala con claridad el destino de estos recursos.
Además, esto de los ahorros hay que ponerlo entre comillas, ya que el séptimo transitorio de la iniciativa especifica: “Los derechos laborales de las personas servidoras públicas serán respetados en su totalidad en términos de la legislación aplicable. Los recursos humanos con que cuenten los entes públicos que se extingan a consecuencia del presente decreto pasarán a formar parte de aquellos que asuman sus atribuciones, cuando corresponda.”
Sería conveniente que se aclarara qué significa exactamente “cuando corresponda”. Si todos los trabajadores actuales se integran a otras instituciones, como indica el decreto, ¿cuánto realmente se ahorrará?
Otro argumento de la iniciativa es que varias funciones de los organismos autónomos están duplicadas o segmentadas. Quisiera centrarme en el caso del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval), creado en 2004 con la aprobación de la Ley General de Desarrollo Social. Desde 2008, una de sus principales funciones ha sido la medición de la pobreza en nuestro país.
Muchos nos preguntamos: ¿qué acciones del Coneval están duplicadas o segmentadas con respecto a lo que hacen otros órganos del gobierno? Hasta ahora no se ha señalado alguna, porque simplemente no existe.
Supuestamente, el Inegi será ahora el encargado de realizar las tareas del Coneval; el Instituto es una gran institución, con funciones claras e importantes, pero asignarle esta responsabilidad adicional carece de sentido.
El Coneval ha demostrado su utilidad a lo largo de los años, con un costo mínimo y resultados significativos que han servido a los diferentes gobiernos para tomar decisiones a favor de los sectores más desfavorecidos.
Ni por razones de costo ni por supuesta duplicidad hay justificación para su desaparición. Lo único evidente es un deseo de control, no de mejora.
