Hace algunos días, la Presidenta Claudia Sheinbaum anunció un acuerdo con diversos representantes de la industria gasolinera, que tiene como objetivo establecer un precio máximo a los combustible de $24 pesos por litro.
Este acuerdo, que tendrá una duración inicial de seis meses (para posteriormente ser evaluado y sujeto a algún cambio), fue firmado de manera voluntaria por representantes de algunos de los grupos gasolineros más importantes del país, que, en su conjunto, aglutinan aproximadamente a 2300 estaciones de servicio localizadas en toda la republica mexicana.
Este acuerdo reaviva una interesante discusión sobre cual debe ser el precio de la gasolina. La respuesta a esta pregunta no es sencilla, y depende, en buena medida, del enfoque económico, político e ideológico de quien la responda, ya que éste ha sido un debate intenso en México y en otros países, el actual no ha tenido una respuesta clara.
Si se considera a la gasolina como un bien que no debe estar sujeto a ningún tipo de regulación económica, entonces su precio debería estar determinado por los elementos de mercado; es decir, el precio de la gasolina debería ser la suma del precio de cada uno de los elementos relevantes en su cadena de valor. Típicamente, el precio de la gasolina bajo este enfoque se determina por (i) el precio del petróleo, (ii) el costo del procesamiento y refinación del mismo, (iii) el costo de las actividades logísticas para llevar el petróleo de su punto de extracción a los centros de refinación, y posteriormente, para llevar los combustibles hasta las estaciones de servicio, (iv) ajustes por calidad del combustible, (v) el margen comercial del expendedor de servicio, y (vi) los impuestos correspondientes.
Sin embargo, este esquema admite una gran cantidad de variantes, dependiendo de la política energética y económica de los gobiernos, ya que, al considerarse muchas veces como un bien de primera necesidad, la gasolina, en muchas ocasiones, se encuentra sujeta a políticas de precio que alteran la estructura anteriormente mencionada en uno o más elementos. Los esquemas de este tipo más comunes son los subsidios, en donde el gobierno otorga un estímulo fiscal directo a dicho producto, que se ve reflejado en una disminución del precio final que paga el consumidor. Este es el esquema que se sigue en México, pues el gobierno federal otorga un estímulo fiscal al combustible, mismo que se fija libremente por la Secretaría de Hacienda de manera semana. Normalmente, este tipo de programas tienen objetivos de política publica que van más allá del sector energético, como el control de la inflación, o bien, objetivos eminentemente de carácter social.
En este sentido, la pregunta de cual debe ser el precio de la gasolina es sumamente difícil de contestar, pues depende de muchos factores. Uno de estos es la orientación política del gobierno en turno. Es importante que estos gobiernos decidan con claridad cuáles son los objetivos que se persiguen la política especifica que se implemente: una política de precios libres puede generar una gran volatilidad, mientras que una política de precios controlados puede causar distorsiones a la economía y a la competencia. Por tanto, los gobiernos deben ser cuidadosos al diseñar e implementar este tipo de políticas en un sector tan sensible como el de la gasolina.
