El proyecto de sentencia que Juan Luis González Alcántara ha desarrollado como solución a las acciones de inconstitucionalidad promovidas por los partidos de oposición contra la reforma judicial no es una propuesta, como algunos lo manejan, y no tiene nada de menor. Se trata de un trabajo que será discutido y votado en el Pleno, presumiblemente esta semana, y de alcanzar los ocho votos requeridos se convertirá en una resolución de observancia obligatoria para todos: el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo, las legislaturas locales, los gobiernos estatales, los municipales, las fuerzas armadas, las fiscalías y, por supuesto, los ciudadanos de a pie.
Dar trato de propuesta de solución que se puede atender o desatender es parte de la sucesión de errores, provocaciones, faltas de respeto y reconocimiento, no sólo al Poder Judicial, también a la División de Poderes y a la propia Constitución a partir de la cual se pretende la refundación de la República. De aprobarse, el proyecto de sentencia de González Alcántara tendrá la fuerza de la obligatoriedad legal, les guste o no a quienes se han encargado de denostarlo desde las cámaras legislativas.
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Uno de los efectos más nocivos de la crisis constitucional impulsada desde el Congreso está en el desconocimiento de facto, ilegal por supuesto, de la jurisdicción o facultad legal para decidir sobre una disputa y el sentido del texto constitucional, que los poderes Legislativo y Ejecutivo han hecho de la más importante atribución del Poder Judicial. Ni siquiera con las reglas aprobadas en la reforma judicial se puede sostener, con seriedad, la falta de facultades del tribunal constitucional para analizar y calificar esta y cualquier otra modificación legal.
La reforma de López Obrador está plagada de errores y contradicciones, pero además su autor, el expresidente, y su operador Adán Augusto López, cometieron un error que ha hecho pender de un hilo todo el proyecto: dejaron viva y con atribuciones legales a la Suprema Corte hasta septiembre de 2025. Esa sola condición le permite al tribunal constitucional declarar inconstitucional todo o una parte de los cambios que tienen de cabeza tanto a los poderes como a los mercados financieros.
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El complicado escenario de disputa constitucional que el tabasqueño le heredó a la presidenta Claudia Sheinbaum es lo que hace más valioso el proyecto de sentencia de González Alcántara. La salida planteada por el ministro tiene tanto sustento jurídico como político y cuenta con la virtud de corregir las ilegalidades y los despropósitos contenidos en una reforma judicial hecha sobre las rodillas, que ha agudizado la polarización, ahuyentado la inversión y, por lo tanto, dañado la economía y el bienestar nacional, no solo de los grandes inversionistas que han pausado sus proyectos o de plano los han llevado a otros destinos. La reforma de López Obrador plantea una elección para la que no hay dinero, que llevaría el gasto del INE de 27 mil millones de presupuesto para 2025, a más de 40 mil millones, sin garantizar que con ello mejore en nada, la calidad de la impartición de la justicia.
Lo más inteligente del proyecto de sentencia de González Alcántara es que no dinamita la reforma judicial, al contrario, la depura, legaliza y la hace viable, ofreciendo así al gobierno de la presidenta Sheinbaum una victoria política fundamental: concretar la renovación de la cúpula de la judicatura, la Corte, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y el Consejo de la Judicatura, dar paso a la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, salvaguardar una parte fundamental para la justicia cotidiana: la carrera judicial y la estabilidad de juzgados y magistraturas existentes. Eso alejaría al país de la improvisación y las curvas de aprendizaje en una función tan delicada como la judicial, pues de ella dependen la estabilidad de las relaciones legales entre las personas y entre las autoridades y los ciudadanos.
