Recientemente la presidente Claudia Sheinbaum y el secretario de seguridad y protección ciudadana, Omar García Harfuch, presentaron la tan esperada Estrategia de Seguridad, cuyos puntos esenciales se concentran en la atención a las causas sociales, consolidación de la Guardia Nacional, inteligencia e investigación, así como coordinación en el gabinete de seguridad y de entidades federativas.
Si bien de inicio parece romper el esquema de la imaginaria estrategia de los “abrazos y no balazos”, condescendiente hacia los criminales y atiborrada de complicidades, el nuevo proyecto no parece aportar nada innovador ni novedoso que no se haya dicho antes. Todos los conceptos vertidos han estado en las agendas anteriores de la lucha contra el crimen organizado, léase, por ejemplo, la tan criticada Iniciativa Mérida de Felipe Calderón o el Consejo de Seguridad Nacional de Vicente Fox, pero no adelantemos hechos sobre los resultados.
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Recuperar la fortaleza del Estado y la seguridad en el país ante el crimen organizado no es una tarea sencilla, menos en el corto o mediano plazos, esos términos son imposibles. La descomposición derivada de este flagelo ha alcanzado a los más altos niveles del poder político, económico y de instituciones de seguridad, además de que ha permeado gran parte del territorio nacional en torno a un alarmante potencial criminal económico y en armamento, así como de inimaginable corrupción e impunidad.
El Estado ha dejado avanzar al crimen organizado y ha perdido su control, que es transnacional, con interconexiones globales. Prevalece la cooptación o, incluso, la sustitución del Estado en algunos lugares, además del empoderamiento cultural, derivado de la convivencia y complicidad social con las mafias, donde los criminales son objeto de reconocimiento social.
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Si bien podrían parecer muy agresivos algunos conceptos que escribo, lo hago con la convicción de que el país no podría resistir un sexenio más de despropósitos y absurdos gubernamentales, así como al secuestro y sometimiento al crimen organizado, situación que ha afectado severamente el desarrollo y el futuro del país. Es el momento de poner en el bote de la basura la irresponsable estrategia de los “abrazos y no balazos”, que ha causado tantos problemas y daños a los mexicanos, y desideologizar y despolitizar una caótica realidad de inseguridad y una cínica verborrea que han golpeado con saña la seguridad pública y nacional. Este es el real reto de la nueva presidente, romper de tajo con el pasado inmediato sexenal.
En este obscuro escenario, del cual no soy optimista por la magnitud que ha alcanzado, se requerirá una real estrategia integral y especializada de seguridad, enfocada a fortalecer las capacidades del estado contra el crimen, lo que implica el uso de la inteligencia y de una estructura institucional sólida y profesional.
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Si bien parecería loable la variable sobre la atención a las clases sociales en la nueva estrategia de seguridad, ese precepto parece más populista que real en una estrategia de seguridad; esa propuesta propicia votos electorales, pero no incide por mucho en el debilitamiento del crimen organizado. Este objetivo parece más acertado en políticas económicas de estado para combatir la pobreza extrema, desempleo o marginación social. El crimen organizado mantiene su poder mediante el control de territorios y mercados nacionales y extranjeros, violencia, intimidación, corrupción, dinero y armas.
También es necesario dar alta prioridad a la cooperación regional, especialmente con Estados Unidos, importante mercado de drogas y de producción de armas, así como hacia el sur del continente, por el trasiego y producción de drogas. México requiere realizar esfuerzos diplomáticos para construir una sólida cooperación regional, en un ámbito de corresponsabilidad, mutua confianza y respeto soberano. Cualquier estrategia estará destinada al fracaso si no se toma en cuenta el contexto regional.
