1.
En un periodo legislativo de vértigo, fue procesado buena parte del paquete de 20 iniciativas enviado al Congreso por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, el pasado 5 de febrero, por lo que el corte de caja, con excepción de la reforma electoral que no fue dictaminada, es sencillamente excepcional. Podría decirse que el llamado Plan C fue cabalmente cumplimentado hasta con un saldito a favor, avanzando con el cambio propuesto para un Estado social de bienestar.
2.
Se procesó la reforma del Poder Judicial, que marcha contra la marea, incluidas ya las leyes reglamentarias y se tuvo el registro de varios miles de aspirantes (entre 35 y 50 mil, según la fuente), de los cuales una vez depurados por las Comisiones de Evaluación, unos seis mil habrán de ser integrados en el Senado y enviados al INE para la parte abierta del proceso electoral. Asimismo, se trasladó a Sedena la Guardia Nacional y se le dieron facultades extraordinarias a la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana para realizar labores de inteligencia e investigar delitos casi como Ministerio Público, además de coordinar las fuerzas del orden en los tres niveles de gobierno, así como se extendió la Prisión Preventiva Oficiosa a varios otros delitos. Se tiene ya una superpolicía de investigación como no la ha habido antes, de la que cabe esperar resultados muy pronto.
TE PUEDE INTERESAR: La eficiencia gubernamental según Musk
3.
Se procedió con la reforma en materia de Pueblos y Comunidades Indígenas y Afromexicanas reconociendo su personalidad en la Constitución; se establecen vías de transporte ferroviario de pasajeros; reforma a las industrias estratégicas del Estado (Pemex y CFE vuelven a ser paraestatales, lo que implica la desaparición de las Empresas Productivas del Estado); vivienda para los trabajadores, facultando al Infonavit para construir; se realizó la simplificación orgánica constitucional con la desaparición de los órganos autónomos y reguladores (INAI, Coneval, IFT, Cofece, CRE, CRH y MejorEdu). En el aspecto laboral se legisló el salario mínimo por encima de la inflación, hasta la “ley silla”; la reducción de la edad para pensión universal y extensión a discapacitados, la regulación de los trabajadores de plataformas por aplicación, así como la regulación de la austeridad republicana y remuneraciones máximas para todo servidor público.
4.
Se legisló en materia de derecho a la alimentación, ambiente sano y agua como derechos humanos; se incorporó la atención médica integral, universal y gratuita; y el apoyo económico a jóvenes sin empleo. Inclusive, la protección y cuidado animal, la reducción de adeudos al ISSSTE, la simplificación en la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal para homologar las dependencias y entidades públicas a los propósitos del Gobierno Federal (nuevas secretarías como la Anticorrupción y Buen Gobierno, Mujeres, y diversas fusiones y creación de órganos desconcentrados, como el que habrá de integrar al IFT y la Cofece en cumplimiento de las previsiones del Acuerdo Trilateral de Comercio con Estados Unidos y Canadá). Alcanzó hasta para llevar a la Constitución la prohibición de vapeadores y producción de fentanilo, sin considerar el maíz transgénico, dada la repercusión en la negociación del referido acuerdo trilateral de comercio.
TE PUEDE INTERESAR: Barbas a remojar
5.
Desde luego, se legislaron otras importantes iniciativas para el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum como son la igualdad sustantiva de género, el lenguaje inclusivo, la desaparición de la brecha salarial, la pensión para el bienestar de mujeres de 60 a 64 años, así como el Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Federación para 2025, con impronta social y sin nuevos impuestos. Tal es el corte de caja: 19 de 20, pero incluyó pilón, pues también se legisló la llamada “supremacía constitucional”. Quizá haría falta considerar una Evaluación de Impacto Legislativo, pero si de medir la eficiencia legislativa se tratara, mejor imposible para una Legislatura.
