Dada la vorágine de acontecimientos que está ocurriendo en todo el mundo con la llegada del felón Trump a la Presidencia de Estados Unidos, hay muchos temas nacionales que necesariamente deben ser encarados con seriedad, más allá de declaraciones fortuitas o alejadas de la realidad que estamos viviendo.
Son dos temas a los cuales me quiero referir y que están íntimamente ligados. El primero es el de la corrupción, a raíz de la publicación del Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) que cada año publica la ONG denominada Transparencia Internacional.
Para 2024 nuestro país obtuvo un porcentaje de 26 sobre 100, cayendo cinco puntos sobre las calificaciones de los tres años anteriores. Esto nos coloca en el último lugar de los países miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), y dentro del G-20 solo Rusia está peor que nosotros.
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Nuestra posición en América Latina está por encima de las de Haití, Venezuela, Nicaragua y otros tres, alejados de Chile que tiene una calificación de 63 o Brasil que tiene 34. La conclusión es que la mayoría de los mexicanos seguimos siendo víctimas de actos de corrupción que el gobierno anterior no pudo reducir, a pesar de los slogans que utilizaba.
Otro dato que llama la atención es que tanto Estados Unidos como Canadá fueron de los países que más cayeron en la calificación: el primero perdió 11 puntos y el segundo ocho, es decir, nuestros principales socios comerciales también tienen problemas de corrupción.
Ligado a este tema está, a mi juicio, uno fundamental: el que se refiere a la situación económica interna. Con las medidas que está tomado el gobierno del país vecino obligará a hacer algunas cosas que, desde hace años se han negado reiteradamente, como es el caso de llevar a cabo una reforma fiscal que le permita al gobierno poder hacer frente a las necesidades crecientes que está teniendo y que difícilmente se podrán llevar a cabo con la recaudación que tenemos, a menos que empiecen con los recortes presupuestales.
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Nos inundan con planes de inversiones, que ojalá se logren, pero para ello se requiere de, si no años, sí meses, y de la decisión verdadera del sector privado de participar ante las condiciones actuales de la economía mundial, que está siendo metida en una licuadora y que no sabemos que resultará. Mientras tanto, sí podemos hacer un esfuerzo en el gran tema que es el impuesto sobre la renta a las personas que más ingresos tienen en nuestro país y que son parte del 1% de la población.
Hay que desmitificar y separar el impuesto sobre la renta a las personas físicas del impuesto a las empresas. De lo que se trata es de reducir la tremenda desigualdad que hay entre las personas que más ganan, la clase media y el 50% de la población que vive en condiciones de pobreza. El aumentar los impuestos a los ricos no afecta absolutamente en nada el precio de los productos, y la amenaza de que si se suben saldrían capitales es también de ciencia ficción.
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Por años los ultrarricos han gozado de pagar menos impuestos que muchos de sus pares en países como Argentina, Uruguay, Chile y otros, además de todas las salidas fáciles que todavía tienen para evadir el pago al fisco.
Y afirmo que los dos temas de corrupción y reforma fiscal están ligados porque otro de los grandes problemas, agregado a la desaparición del servicio profesional de carrera decretada absurdamente por el anterior régimen, es encontrar servidores públicos capacitados para fiscalizar y ser inmunes a la corrupción, ya que con los salarios que están pagando hoy está siendo muy difícil que los encuentren y, entre otras cosas, son pasto fértil para la corrupción. Los resultados los estamos viendo tanto en el incremento en la percepción de esta como en las denuncias que aparecen en las redes y medios de comunicación.
