Un paso para adelante y dos para atrás. Así vamos avanzando con este nuevo gobierno en términos de consolidación del Estado de Derecho. Es el claro y rotundo mensaje que la 4T nos mandó la semana pasada cuando, por un lado, a puerta cerrada con inversionistas se dice que se respetará su inversión, y por el otro, a voz abierta se dice que no se cumplirá la suspensión definitiva de la Juez de Distrito que ordenó la eliminación de la publicación del Decreto de Reformas al Poder Judicial.
Como ya lo habíamos mencionado en otra colaboración, sostenemos que es mucho más grave el desacato a las órdenes del judicial que la reforma constitucional que lo destruye. Porque si la convicción a favor de la legalidad subsistiera, podríamos esperar que, cuando menos, la nueva administración cumplirá las órdenes de los próximos jueces, quienes quiera que lleguen a ser; sin embargo, si su resolución es la de no acatar el fallo impuesto por los actuales jueces, esto nos asegura que tampoco cumplirán el de aquellos que van a llegar.
De ahí el cuestionamiento que nos hacemos el día de hoy: ¿prosperará el paro de los jueces y magistrados, en la defensa de su función contra la reforma constitucional que busca su sustitución escalonada?
En el estado actual de cosas estamos totalmente convencidos de que la batalla ya la perdieron los actuales jueces. Nunca se construyó y sigue sin edificarse aún, un diálogo productivo que permita entender cuál es el mejor modo de transitar hacia un modelo de justicia popular, como aquel que se pretende imponer. No sabemos realmente cuál es la intención subyacente atrás de la reforma. Leemos la narrativa de que se trata de una toma del poder judicial para desaparecer contrapesos que impidan la consolidación de la dictadura –y quizá de eso se podrá tratar–, pero México es muy importante en el escenario económico mundial como para pensar que eso podría suceder impunemente. No podemos sucumbir tan fácilmente ante las teorías de la conspiración; debemos estar abiertos a la posibilidad de que exista una auténtica intención de mejorar el sistema de justicia.
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Ante la inminencia del desacato de un fallo favorable de la SCJN que declare la invalidez de la reforma constitucional (en el mejor de los casos, pues ya corre el rumor de que uno de los ministros que integran el pleno se prepara para romper el voto acumulado de ocho de ellos, necesario para que su resolución tenga el efecto generalizado), a la disidencia judicial no le quedará otro camino que el de esperar un salvavidas enviado desde una corte internacional para rescatar el orden imperante: ese que, de no cumplirse, da lugar a responsabilidades del Estado Mexicano.
Es en esa coyuntura que nos preguntamos si el paro de labores ya cumplió o no su propósito. La decisión tomada por jueces y magistrados, y, sobre todo, por trabajadores del PJF, avalada por el CJF desde el 19 de agosto, ha impuesto a los litigantes y al público en general una carga en materia de acceso a la justicia que ya perduró por más de dos meses: es una segunda pandemia para el foro.
Sin dejar de ser solidarios con los impartidores y operadores de justicia del país, en todos los ámbitos de su actividad profesional, porque pronto el mismo cáncer invadirá el tejido de la justicia del fuero común, o del ámbito administrativo; y sin dejar de expresar nuestra preocupación por las graves consecuencias que arroja la reforma constitucional que les concierne, consideramos que el paso fatal para su sustitución ya se dio y no concluyó en el sentido deseado. A ellos no les queda otro camino que el de esperar el salvavidas de la SCJN o el de los Tribunales Internacionales. Conservar al público rehén de su reclamo frente al gobierno, solamente los enemista con la sociedad civil y con los abogados: hasta hoy sus mejores aliados. Están a punto de lograr asesinar a un amigo fraterno para convertirlo en víctima de un abuso de su poder disidente.
Es preciso que jueces y magistrados dialoguen con el foro, para diseñar y construir un sistema de defensa de la legalidad que sirva para –cuando menos– tratar de impedir la salida de jueces valiosos y la llegada de jueces a modo que entorpezcan o corrompan la actividad judicial.
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Quienes sabemos qué jueces son cumplidos y capaces, o son corruptos o ineptos, somos los que todos los días trabajamos con ellos y recibimos con beneplácito o inconformidad sus acuerdos y resoluciones. Quienes realmente estamos interesados en que el proceso de selección de los nuevos jueces y magistrados sea honesto y efectivo, somos nosotros, los abogados encargados de representar los intereses y derechos de partes involucradas en controversias que han de someterse a su consideración.
Somos los abogados de profesión, los profesores de derecho y los estudiantes de la misma carrera los que tenemos el compromiso de acudir a votar a favor de los nuevos candidatos y aspirantes a la judicatura. Hoy, a diferencia de otras épocas, constituye para nosotros y para los jueces un imperativo el de organizarnos, para dar a conocer al público en general esa información que corre entre nosotros y que descubre, desde su seno, quién es quién en la impartición de justicia.
Los Colegios y Asociaciones de Abogados tienen el deber inobjetable de participar en la construcción de esa nueva arquitectura que garantizará la transparencia del proceso de selección y de elección de los nuevos jueces y magistrados del país.
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Debemos estar organizados y atentos para vigilar quiénes y cómo impartirán justicia, y cómo es que se impedirá la llegada de jueces impuestos por partes interesadas que lleguen a corromper su función. Debemos prevenir y erradicar a toda costa la prevaricación.
México encontró en Hidalgo y Morelos, en Juárez, Madero y en Carranza, entre muchos otros ilustres personajes, liderazgos que impulsaron los grandes cambios de su historia; la verdadera transformación, sin embargo, la conquistó la sociedad civil organizada.
