Aunque sabíamos que existía, no habíamos visto tan claramente la complicidad entre el gobierno y el crimen organizado. Fue el 18 de diciembre cuando el alcalde Pedro Luis Hernández de Paz, de Santo Tomás de los Plátanos, un municipio en el Estado de México, se vio envuelto en un escándalo que refleja una de las mayores crisis de seguridad y justicia en el país. Tras recibir una orden de aprehensión por presuntos vínculos con el crimen organizado, el edil se presentó a su toma de protesta como nuevo presidente municipal, sólo para escapar frente a las autoridades en un acto que desbordó la capacidad del Estado para hacer valer la ley. Este suceso, que podría parecer aislado, es una muestra contundente de la grave complicidad entre algunas autoridades locales y las organizaciones criminales, un fenómeno que está desmoronando las bases del Estado de Derecho en varias regiones del país.
La escena de la fuga, transmitida en video, fue un recordatorio sombrío de la vulnerabilidad del sistema de justicia en México, especialmente en aquellas zonas donde el crimen organizado tiene una influencia tan fuerte que las instituciones encargadas de garantizar la legalidad se ven impotentes o, peor aún, coludidas. Lo más alarmante es que este no es un hecho aislado. En el caso de Santo Tomás, las autoridades locales parecen haber recibido apoyo no sólo de sus allegados, sino también de la comunidad, lo cual refuerza la idea de que las estructuras del crimen organizado han permeado hasta el corazón de la administración pública.
TE PUEDE INTERESAR: La prohibición de los vapeadores frente a la crisis nacional: Las verdaderas prioridades en México
Lo que ocurre en el Estado de México no es sólo el caso de un alcalde prófugo de la justicia, sino un reflejo de la crisis que atraviesan muchas localidades en todo el país, donde el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la política y en las estructuras de poder, logrando que políticos y funcionarios públicos se conviertan en peones de sus intereses. Esta colusión se ha vuelto una de las mayores amenazas para el bienestar de la población, pues no sólo se pone en riesgo la integridad física de los ciudadanos, sino también la posibilidad misma de vivir en un Estado de Derecho.
La fuga del alcalde de Santo Tomás pone de manifiesto una de las grandes paradojas de la política mexicana. Por un lado, el país ha avanzado en términos de democracia, con una mayor participación ciudadana y un robustecimiento de las instituciones electorales; pero, por otro, persiste una débil capacidad de las instituciones para garantizar el cumplimiento de la ley en muchos niveles del gobierno local. Esto no es una cuestión de falta de legislación o de voluntad política, sino de una corrupción estructural que ha logrado que los cárteles de la droga, las organizaciones criminales y las mafias locales se infiltren en el aparato gubernamental de manera sistemática.
El hecho de que el alcalde haya podido escapar con la ayuda de los habitantes del municipio deja en evidencia no sólo su complicidad con el crimen organizado, sino también una posible convivencia entre estos actores y la propia comunidad. En un escenario tan complejo, los habitantes de las zonas controladas por el crimen se ven atrapados entre el miedo, la desconfianza y la desesperanza. Muchos optan por callar o incluso apoyar a los criminales, pues saben que las autoridades no sólo son ineficaces, sino también peligrosas. El resultado es una violencia sistémica que se perpetúa en el tiempo y que parece tener pocas alternativas de solución.
TE PUEDE INTERESAR: Coches bomba en México: una preocupante realidad
El mensaje que esto manda es devastador. La corrupción en los niveles más bajos de gobierno, como la que se observa en este caso, destruye la legitimidad de las instituciones y hace que los ciudadanos pierdan la fe en el sistema.
Si los políticos son percibidos como aliados de los criminales, o al menos como cómplices de sus actividades, el tejido social se deshace y se genera un círculo vicioso de violencia y corrupción que parece no tener fin. Este ciclo ha sido evidente en muchos estados del país, pero lo sucedido en Santo Tomás es una prueba palpable de que la situación sigue empeorando. El hecho de que el gobierno federal haya tenido que implementar operativos como “Enjambre” para intentar detener la fuga de estos funcionarios evidencia la incapacidad de las autoridades locales para actuar. Es una señal clara de que las fuerzas de seguridad están tan debilitadas a nivel local que, incluso con intervenciones externas, los criminales siguen ganando terreno y las autoridades, lejos de enfrentarlos, parecen preferir cerrar los ojos ante una realidad que no pueden o no quieren cambiar.
