1er. TIEMPO: Un error, o no tanto. En la presentación de la estrategia de seguridad, el nuevo secretario Omar García Harfuch comenzó presentando una gráfica muy importante, la tasa de homicidios dolosos. Probablemente era una gráfica que poco antes de iniciar la mañanera de la presidenta Claudia Sheinbaum, la compartió con el gabinete de seguridad. Pero cuando apareció, la presidenta lo apuró a cambiarla. Se entendía. De los 10 estados con la tasa de homicidios más alta durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador, 8 están gobernados por Morena: Colima, Baja California, Zacatecas, Morelos, Sonora, Guerrero, Michoacán y Quintana Roo, donde la tasa va desde 94.7 homicidios dolosos por cada 100 mil habitantes en Colima, a 35.42 en Quintana Roo, que son números escandalosos si la media nacional es de 26.6 por cada 100 mil habitantes. De las siguientes 10 entidades con ese tipo de delito, 8 también están gobernadas por Morena y sus aliados. La tabla que presentó García Harfuch es parte del diagnóstico que hizo para elaborar la estrategia de seguridad, pero que no formó parte de los documentos de apoyo a la presentación porque los datos son devastadores para López Obrador, y una muestra contundente de que su idea de cómo pacificar el país y restablecer la seguridad, fue pura palabrería. El diagnóstico que no hicieron público muestra la forma como no solo los cárteles de la droga se expandieron durante el sexenio de López Obrador, sino cómo se fue entreverando en estos años con políticos, principalmente de Morena, que en seis años, con un poco de ayuda del gobierno de Enrique Peña Nieto llevó al país a un nivel de penetración del narcotráfico que nunca existió. Hace 18 años el presidente Felipe Calderón recibió de la Administración Fox un país donde el crimen organizado controlaba 80 municipios, policías municipales y alcaldes. Calderón le entregó a Peña Nieto un país donde el control territorial había pasado a ser presencia criminal en decenas de municipios, pero localizados principalmente en cinco estados, con una tasa de homicidios dolosos a la baja. Peña Nieto perdió el control de la seguridad y le entregó un país en terribles condiciones a López Obrador, que lo dejó peor: más de mil 250 municipios controlados por organizaciones criminales, carreteras que no se pueden transitar de noche, control sobre actividades económicas, impuestos criminales en negocios y viviendas, vacíos de autoridad y colapso institucional, que dieron un saldo de más de 200 mil muertos en el sexenio, como nunca en este siglo, y la mayoría de todo esto, bajo gobiernos de Morena.
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2º. TIEMPO: El informe que sacudió. Hace más de un año, antes de la elección presidencial, Claudia Sheinbaum recibió un informe de inteligencia sobre las redes político-criminales de Sergio Carmona, un empresario tamaulipeco que hizo su fortuna con el huachicol, que fue asesinado en noviembre de 2022 en San Pedro Garza García, un municipio conurbado de Monterrey. El informe confirmaba que Carmona había financiado la campaña de Mario Delgado para la presidencia de Morena en 2020, a quien había conocido a través de un diputado tamaulipeco, Erasmo González, que apenas el 1 de octubre tomó posesión como alcalde de Ciudad Madero. El reporte entregado a Sheinbaum mencionaba como una figura importante en esa red a Gabriela Jiménez, que formó parte de su cuarto de guerra durante la campaña presidencial, tras haber financiado la organización de la elección para llevar a juicio a los expresidentes, que había propuesto Andrés Manuel López Obrador, y actualmente vicecoordinadora de Morena en la Cámara de Diputados. Junto con ella aparecía su esposo, Édgar Garza, el principal operador financiero de Delgado, y a quien enviaba a negociar los gobernadores del partido recursos para campañas. El documento secreto que le entregaron a Sheinbaum apuntaba que con el dinero del robo ilegal de combustible que obtenía Carmona, se habían financiado ocho campañas para gobernador en 2021, de las cuales se ganaron siete, cinco de ellas que se encuentran entre las 10 entidades que identificó el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, como las del mayor número de homicidios dolosos. En el documento figuraba también el nombre de Iván Manuel Silva Yanome, uno de los fundadores y dueño actual de la empresa Heurística, que por decisión de Delgado manejó la propaganda de todas las campañas de Morena a gobernador, y la imagen de Sheinbaum como jefa de Gobierno de la Ciudad de México. Sheinbaum no podía hacer mucho en ese momento para sacudírselos de su equipo, como el propio Delgado, al que López Obrador le impuso como secretario de Educación. La información del documento no se ha judicializado en México, pero una parte de la información está en poder -y de donde buena parte surgió- de la DEA y de la Corte del Distrito Oeste de San Antonio, en Texas, donde se está integrando el expediente para procesar a los mexicanos que prueben que estuvieron ligados a Carmona y al crimen organizado. Delgado siempre ha negado cualquier nexo con el crimen organizado.
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3er. TIEMPO: Muertes bajo sospecha. La lámina que mostró rápidamente el secretario de Seguridad Omar García Harfuch al presentar la estrategia de seguridad, tiene atrás de él, en los documentos de soporte técnico, un mapa de riesgos sobre la penetración del narcotráfico en la política. Como informe colateral, para contexto y para abrir futuras líneas de investigación, está la relación de tres asesinatos en un periodo de 90 días, donde el hilo conductor es que los tres eran operadores financieros de importantes figuras de Morena, incluidos los ex precandidatos a la Presidencia, Marcelo Ebrard y Adán Augusto López, y al entonces líder de Morena, Mario Delgado, que coordinó la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. El primero en morir fue el operador financiero de López, actual coordinador de Morena en el Senado, Daniel Flores Nava, contratista del gobierno y uno de los beneficiarios de la construcción de la refinería de Dos Bocas, al desplomarse en julio del año pasado la avioneta que lo iba a llevar de Veracruz a Toluca, que de acuerdo con fuentes de inteligencia gubernamentales, pertenecía a tres socios, el infortunado empresario, Fernando Padilla, que es el cuarto operador financiero de Morena que sigue trabajando, y Sergio Carmona, el llamado “rey del huachicol”. El segundo operador financiero que murió, José Guadalupe Fuente Brito, trabajaba con Ebrard, actual secretario de Economía, y fue asesinado al día siguiente de Flores Nava junto con su hijo en la Autopista del Sol, poco después de salir de Chilpancingo, rumbo a Cuernavaca. Fuentes Brito era un empresario inmobiliario, automotriz y comercializador en los gobiernos del priista Héctor Astudillo y de la morenista Evelyn Salgado, cuyo sobrino, Rubén Fuentes, es la pareja de la gobernadora, que ha sido señalado como actor en el conflicto entre Los Ardillos, Los Tlacos y La Familia Michoacana, que tienen bajo fuego a Chilpancingo y la Tierra Caliente guerrerense. Carlos Narváez Romero, operador financiero de López, fue asesinado en mayo del año pasado frente a su casa en la zona de Polanco, en la Ciudad de México, al regresar de dejar a su hijo en la escuela. Hasta ahora no hay detenidos por esos crímenes, y menos aún los motivos de los asesinatos y los probables autores intelectuales. Padilla, el único operador financiero que sobrevive, trabajó con Delgado, con el exsecretario de Financias de Morena, Javier Cabiedes, y con Édgar Garza, y también aparece en el documento secreto que le entregaron a Sheinbaum el año pasado, sobre el dinero del huachicol en las campañas del partido.
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