“El niño no es bueno ni malo por naturaleza, sino que es la educación la que decide este aspecto”.
Desafortunadamente el tema no es nuevo en nuestro país, se debe reconocer que desde hace décadas y sobre todo en el ámbito musical, el narcotráfico, la justificación de conductas delictivas o la exaltación del crimen organizado han estado presentes y se han hecho cada vez más populares.
Es innegable que el contexto social se refleja en las letras de las canciones, pero también es cierto que éstas, a la par de los artistas que las interpretan, se convierten en una referencia; ejemplo, el aumento de los corridos tumbados podría influir en el deterioro del tejido social, en la normalización de la violencia, el consumo de drogas e incluso el maltrato hacia las mujeres, sólo por mencionar algunos problemas.
Desde hace algunas semanas el tema se ha convertido en una situación que ha resultado en opiniones divididas y ha acaparado los noticieros en nuestro país. Y es que derivado del recrudecimiento de acciones por parte de Estados Unidos contra los cárteles y sus negocios, el productor musical mexicano, Ángel Del Villar enfrenta una pena máxima de 30 años de prisión por realizar transacciones con el crimen organizado, además de otros 10 cargos relacionados con la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeros del Narcotráfico, o Kingpin Act, la cual impide que las personas en Estados Unidos realicen negocios con personas y entidades sancionadas.
Este juicio probablemente sea un parteaguas para el mundo de la música y es que DEL Records es la primera discográfica que enfrenta un proceso por nexos con los cárteles mexicanos; pero además la Fiscalía de California en su lista de evidencias sumado a transcripciones e intercepciones de llamadas, sorprendentemente, se aportaron narcocorridos; fue así como dos vídeos del popular cantante Gerardo Ortiz se remitieron como prueba incriminatoria.
Gerardo Ortiz se declaró culpable de haber participado en conciertos para narcotraficantes y alcanzó un acuerdo con el Gobierno de Estados Unidos, delatando a su exrepresentante y cooperando con las instituciones de seguridad y procuración de justicia.
A este hecho hay que sumar lo sucedido el pasado sábado 29 de marzo cuando el grupo Los Alegres del Barranco se presentó en el Auditorio Telmex, propiedad de la Universidad de Guadalajara en Jalisco; Ciudad que además se considera casa del Cartel Jalisco Nueva Generación y donde el crimen y la impunidad han alcanzado niveles escalofriantes; y durante su concierto se proyectaron imágenes de Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder de esta célula delictiva.
De acuerdo con el Código Penal Federal en México, la apología del delito es una actividad sancionable lo cual se encuentra mencionado en el artículo 208; sin embargo, hasta el momento no ha habido ninguna penalización registrada, aunque diversos gobiernos como los de Nayarit, Chihuahua y Tijuana sí cuentan con reglamentos locales que prohíben o emiten infracciones por presentar apología del delito.
Ante lo sucedido con Los Alegres del Barranco, Estados Unidos anunció que el Departamento de Estado revocó las visas de trabajo y turismo de los integrantes del grupo, el Subsecretario de Estado de los Estados Unidos, Christopher Landau declaró: “No vamos a extender la alfombra roja a quienes enaltecen a criminales y terroristas”.
Aunque nos duela reconocerlo hemos creado un aura de poderío sobre los narcotraficantes, y con tristeza hemos observado la manera en la que tanto niñas, niños como adolescente idealizan el glamur de la vida de dinero, poder, fama y mujeres, que suponen rodea a los capos de la delincuencia organizada. La narco-cultura está corrompiendo a las nuevas generaciones.
Quedan muchas vertientes que explorarse y por supuesto reflexionarse, pero la esperanza y el trabajo mancomunado siempre rinden frutos por lo que es necesario trabajar en la implementación de valores y en la reestructuración del tejido social, así como trabajar más en educación y cultura.
