Los algoritmos que definen el rumbo de las redes sociales me llevan a ver y recibir una corriente de comentarios críticos contra el gobierno. Es una continuación de la posición que un nutrido grupo de ciudadanos construimos a lo largo del sexenio pasado, por desacuerdo con la forma en que Andrés Manuel López Obrador trazó el destino del país. El efecto era de esperarse, pero no es una postura racional que debamos asumir ahora que queremos conocer y valorar, por sus propios méritos, a Claudia Sheinbaum Pardo. Tenemos la obligación de esperar y conceder a la nueva Presidente (un vocablo que usaremos por respeto al lenguaje, y no por menosprecio alguno al género de nuestra nueva dirigente) la oportunidad para demostrar de qué está hecha y cuál será su propio legado para la historia –más allá de la hazaña de ser ya, la primera mujer al mando de este país tan convulso.
Las principales críticas que expresan los líderes de opinión a quienes leo se relacionan con el tono y mimetismo de su discurso inaugural, o con la errada decisión de haberse flexionado para saludar a Manuel Velasco –tonterías–. ¿Acaso no se esperaba ya eso?; y lo otro ¿fue una equivocación o realmente el legislador ecologista tiene esa ascendencia política frente a la titular del Poder Ejecutivo? Los considero una crítica pusilánime, impropia y desajustada al arranque de este período. Quizá sería justo y objetivo dar tiempo a este nuevo gobierno para demostrarnos lo que significa “el segundo piso” de la “Cuarta Transformación”. Quizá sería prudente conceder unos meses a la hoy Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos para probar su compromiso con el desarrollo del país y la vigencia del Estado de Derecho.
De los eventos que han tenido lugar esta semana encuentro dos y medio que llaman la atención positivamente. Posiblemente será la segunda mitad del tercero lo que nos lleve a reconocer en la señora Presidente una estatura de miras superior a la de su predecesor; un hecho que, de confirmarse, nos llevaría a mejorar las bajas expectativas que, por la posible continuación de una política destructiva emprendida por aquél, tenemos muchos en contra del o de los Partidos en el Poder.
Un primer evento de entre los dos y medio de que hablamos ha sido la deferencia que la Presidente tuvo para con la Ministra Norma Piña Hernández, al subir al piso principal de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados en el que fue investida con la banda presidencial. El hecho de extender la mano y compartir un saludo con la Presidente de la Suprema Corte de Justicia, un gesto tan sencillo al que ya nos habíamos desacostumbrado, habla de su entendimiento y respeto por la división de poderes, una institucionalidad que es necesaria y que requiere para conducir al país por una senda apegada a la legalidad. ¡Bravo!
El segundo signo apareció minutos después, al haber aprovechado una parte de su discurso para refrendar el compromiso que asume durante su administración, de respetar la autonomía del Banco de México, la inversión y la propiedad privada, los derechos humanos y el estado de derecho, el impulso a la relocalización de la inversión y la cooperación con América del Norte (minutos 21 al 25). ¡Bravo!, otra vez –sobre todo por lo que respecta a ese respeto de los derechos humanos y la legalidad, una condición indiscutible a la que se sujetaría el éxito de su proyecto.
El medio signo al que queremos referirnos apareció en el Diario Oficial de la Federación el 2 de octubre pasado. En dicho periódico se publicó el Acuerdo por el que se reconoce que la matanza estudiantil del 2 de octubre de 1968 constituyó un crimen de lesa humanidad.
En el artículo Tercero del Acuerdo se establece expresamente que el gobierno asume el compromiso de no volver a usar a las fuerzas armadas contra la población; y en el artículo Sexto se ratifica el anterior con la calidad de compromiso solemne, y se establece que se girarán las correspondientes órdenes para que se fortalezca la formación en derechos humanos y la construcción de paz.
Una justa apreciación del mencionado Acuerdo, atento a los reclamos estudiantiles del 68, debe conducirnos a entender que el ofrecimiento hecho por la Presidente Claudia Sheinbaum Pardo se extiende más allá de los eventos que tuvieron lugar hace 56 años, y se incrustan en nuestra realidad presente, precisamente en el ámbito del imperio infranqueable de los derechos humanos con todo lo que ellos llevan implícito, sobre todo, en libertad.
Esto querría decir que si existe esa resolución de su parte, existe simultáneamente una obligación solemne de su gobierno de respetar las decisiones de los tribunales internacionales en la materia de los Derechos Humanos, por constituir los tratados internacionales, y éstas, las resoluciones adoptadas por esos órganos de justicia internacional, una fuente del derecho y, consiguientemente, una parte del ordenamiento jurídico de nuestro propio país.
Si con incuestionable legitimación ética y profesional, jueces y justiciables han propuesto que la reforma a la Constitución publicada el 15 de septiembre pasado entraña una violación al principio de independencia judicial y, por ello, al derecho humano de acceso a la justicia o de justicia efectiva, en los términos en que lo concede el artículo 17 de la misma Carta Magna; y, si dicho planteamiento se ha hecho valer ante Tribunales internacionales investidos de competencia a través de convenios firmados por nuestro país, entonces el compromiso solemne asumido el 2 de octubre debería abarcar, también, los derroteros que las resoluciones dictadas o que lleguen a dictar tales tribunales puedan definir, precisamente alrededor de esa cuestionada reforma constitucional al Poder Judicial de la Federación.
Quiere decir esto que, de llegarse a decretar la invalidez de la reforma a la Constitución del 15 de septiembre, por quebrantamiento de las convenciones internacionales firmadas por nuestro país, la Presidente de México debería de actuar de manera congruente con sus compromisos, y acatar y cumplir el fallo de manera congruente con sus propias determinaciones, ya que dicha resolución y su actitud congruente no buscaría otro propósito más allá que el de la preservación y vigencia de nuestros Derechos Humanos.
De llegarse a cumplir esta tesis, entonces sí, indudablemente, estaremos presenciando los comienzos de una verdadera transformación; el cumplimiento de un compromiso solemne dirigido a imponer el Estado de Derecho a cualquier costo, incluso, el costo político implícito de su necesaria emancipación. La confirmación de que los alumnos, con la oportunidad y frente a los retos que les impone la vida, llegan a superar a sus maestros. De cumplirse este presagio, será el medio signo que faltaría para, en su momento, reconocer y decir sin reparo ni regateo alguno: ¡Chapeau señora Presidenta!
