¿Recuerda que hace unos días hablábamos de “La venida del Señor”, la exposición de Fabián Cháirez que generó indignación entre grupos religiosos? Bueno, la controversia escaló y la justicia ya tomó partido: un juez ordenó la suspensión de la muestra tras una demanda de Abogados Cristianos, quienes argumentaban que ofendía la fe. La decisión generó un debate sobre censura y libertad de expresión, pero también sobre prioridades: cuando la indignación se enfoca en pinturas y no en los problemas reales, ¿qué estamos protegiendo realmente?
Mientras tanto, en otro rincón del país, apareció un personaje autodenominado “Capitán Durango”, quien, en el marco del 8 de marzo, decidió salir con capa y escudo para “defender” los monumentos y edificios de la ciudad de las manifestantes feministas. No es el primer caso de este tipo, pues en la Ciudad de México también hubo movilizaciones antifeministas promovidas por grupos como “Espartanos Unidos” y “Macho Alfa Star”, que insisten en responder a la lucha de las mujeres con discursos de “masculinidad restauradora”.
El patrón se repite: más preocupación por edificios que por la violencia de género, más energía en silenciar a un artista que en exigir justicia por crímenes cometidos dentro de la propia iglesia.
El juez que protege lo sagrado
La orden de suspensión de “La venida del Señor” provino del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa, encabezado por Francisco Javier Rebolledo Peña, quien no es ajeno a la polémica. En 2022, este mismo juez falló a favor de Monsanto, permitiendo que la empresa siguiera distribuyendo en México glifosato, un herbicida prohibido en varios países por sus riesgos para la salud y el medio ambiente. Esto, a pesar de que el gobierno había ordenado su retiro gradual y múltiples estudios alertaban sobre sus efectos nocivos. En ese momento, su fallo favoreció los intereses de una multinacional en contra de las recomendaciones de expertos en ecología y salud pública.
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Ahora, la rapidez con la que actúa para proteger la “sensibilidad religiosa” contrasta con la pasividad con la que el sistema judicial suele responder ante temas como corrupción o violencia de género.
Las imágenes de la Virgen con una carga erótica fueron catalogadas como una amenaza lo suficientemente grande como para justificar la censura, pero ¿cuántas veces se ha actuado con la misma contundencia para proteger a las víctimas de abuso dentro de la Iglesia?
Monumentos antes que mujeres
Lo de Capitán Durango es, en el mejor de los casos, una anécdota ridícula, y en el peor, una muestra clara de las prioridades distorsionadas de ciertos sectores. En su lógica, era más importante cuidar las paredes de un edificio que cuestionarse por qué miles de mujeres salieron a marchar ese día.
Algo similar ocurrió con los grupos de hombres organizados en la CDMX, quienes, en lugar de reconocer la violencia sistemática que enfrentan las mujeres, prefirieron tomar el rol de “defensores del orden”, como si rayar un monumento fuera un problema más grave que los feminicidios.
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Estos actos no son aislados; reflejan una obsesión por preservar símbolos mientras se ignoran los problemas que los rodean. Nos indignamos por las pintas en un edificio, pero no por los nombres de víctimas que esas pintas llevan escritos.
Llamamos “ofensa” a un cuadro de Cháirez, pero no nos ofende más lo que ese arte representa, el retrato doloroso que nos recuerda: los excesos y el abuso al interior de la iglesia.
El problema no son las imágenes
A lo largo de la historia, las imágenes han sido herramientas poderosas para cuestionar el statu quo. Por eso, muchos prefieren prohibirlas antes que enfrentarse a los temas que exponen. No se trata solo de pinturas o monumentos; se trata de un miedo a la confrontación. Es más fácil idolatrar edificios y cuadros que admitir que hay problemas estructurales que no queremos resolver.
Al final, el verdadero peligro no está en las imágenes, sino en lo que se oculta detrás de ellas.
