Entre las más de 50 órdenes ejecutivas que ha firmado el felón presidente de los Estados Unidos, hay una que lo describe de manera precisa: la referente a “Pausar la Ley de Prácticas Corruptas en el Extranjero” (FCPA, por sus siglas en inglés).
Esta medida tendrá una duración de 180 días, aunque faculta a la Fiscal General para extenderla por otros 180 días.
En dicha orden ejecutiva se menciona que la FCPA afecta la mejora de la economía estadounidense y la seguridad nacional, argumentando que es necesario eliminar barreras excesivas para las empresas del país. Se asegura que esto traerá más negocios a las compañías norteamericanas.
Adicionalmente, se ordena interrumpir cualquier nueva investigación y revisar las que están en curso para determinar si afectan los intereses de las empresas estadounidenses en el comercio mundial.
La FCPA fue implementada en 1977 y originalmente prohibía a las empresas norteamericanas pagar sobornos a funcionarios de otros países para obtener contratos, ya fueran de obras, adquisiciones u otros. Posteriormente, se amplió para incluir a empresas extranjeras que cotizan en bolsas de valores de los Estados Unidos.
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La FCPA ha sido tan efectiva que otros países han desarrollado legislaciones similares basadas en esta ley, como es el caso del Reino Unido, Francia, Bélgica, Japón y otros.
Se penalizaba a los infractores con hasta 10 años de cárcel y multas de hasta 250 mil dólares o el triple del valor ofrecido ilegalmente. En el caso de empresas trasnacionales, las sanciones podían ser mucho mayores.
Año tras año se informaba sobre los resultados de las investigaciones y sobre cómo el gobierno estadounidense obtenía recursos imponiendo multas por delitos cometidos en otros países, lo cual, a mi juicio, es uno de los aspectos más interesantes de esta ley. Se castigaba la corrupción en el extranjero, no dentro de los Estados Unidos, obligando a empresas extranjeras, con la espada de Damocles, a pagar sanciones bajo la amenaza de que, si no lo hacían, enfrentarían obstáculos para vender sus productos en el mercado norteamericano.
Así, empresas como Siemens de Alemania pagaron 800 millones de dólares, Total de Francia, 400 millones de dólares, Alstom, también de Francia, 772 millones de dólares, y BAE Systems del Reino Unido, 400 millones de dólares, entre muchas otras.
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Lo importante a destacar es que estas multas por corrupción fueron impuestas a empresas extranjeras por sobornar a funcionarios de otros países, no a funcionarios estadounidenses. Hasta ahora, salvo en pequeñas cantidades, el gobierno norteamericano no ha compartido estos recursos con los países donde ocurrió la corrupción. México, por ejemplo, no ha recibido ningún recurso ni ha sido informado sobre qué funcionarios fueron corrompidos por empresas como Siemens, que confesó haberlo hecho en nuestro país.
Se desmorona la absurda justificación de Trump de que esta ley afectaba a las empresas norteamericanas, ya que la mayoría de las sancionadas han sido extranjeras. Tampoco tiene relación alguna con la desregulación burocrática a cargo del impresentable Elon Musk.
Como evidencia de que estamos entrando en una etapa de mayor corrupción en los Estados Unidos, además de la “pausa” en la FCPA, el gobierno ha indultado a un exgobernador de Illinois, encarcelado por corrupción, y ha suspendido cualquier procedimiento penal contra el alcalde de Nueva York, acusado de recibir sobornos del gobierno turco a cambio de endurecer su política contra los inmigrantes ilegales.
Creo que estas disposiciones son una de las muestras más claras del declive moral de nuestro vecino del norte, bajo el mando de un felón negociante que cree que todo se puede comprar. Porque, al final, lo único que importa son los negocios y, como diría el clásico, “la moral es un árbol que da moras y nada más”.
