Desde el sexenio anterior, el gobierno federal ha utilizado el concepto de austeridad para calificar el manejo que han hecho de las finanzas públicas. Recordemos que la austeridad fiscal pretende reducir el déficit y la deuda pública mediante ajustes al gasto y/o a los ingresos; y en años como 2023 y, sobre todo en 2024, en los que tanto el gasto como la deuda pública se ubicaron en máximos históricos, resulta cuestionable el uso de dicho concepto.
Lo que sí ha ocurrido es una austeridad selectiva, pues mientras algunas dependencias de la administración pública federal (APF) han visto mermados sus recursos cada año y, con ello, sus capacidades no solo financieras sino también operativas para otorgar bienes y servicios a la población, otras dependencias han recibido un mayor presupuesto.
El Centro de Investigación Económica y Presupuestaria (CIEP) comparó tanto los ingresos como el gasto total en 2018 y 2025, y encontró que, mientras los ingresos aumentaron 13.0% en términos reales, el gasto neto total lo hizo en 24.8%. Además, los ingresos por financiamiento crecieron 78.9%, lo que muestra un claro desbalance entre ingreso y gasto que se ha cubierto con endeudamiento.
Adicionalmente, en el análisis del presupuesto por dependencia, se tiene que prácticamente la totalidad de los organismos y poderes autónomos cuentan con menores recursos que los que tenían en 2018 para llevar a cabo sus actividades. Sólo se encuentran algunos incrementos en INEGI (aunque si el comparativo se hace con 2019 el incremento prácticamente desaparece) e INE cuyo presupuesto se eleva este último año por la realización de elecciones tanto estatales como en el Poder Judicial.
Entre los ramos cuyo presupuesto se eleva se encuentran las Entidades no sectorizadas (principalmente IMSS Bienestar), Energía (por apoyos financieros a Pemex), Trabajo y Previsión Social (programas de becas); Bienestar (pensiones no contributivas); Defensa Nacional y Marina (en ambos casos relacionados con la administración de trenes, puertos y aeropuertos, principalmente) y Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (vivienda). Entre las dependencias que más recortes observan en su presupuesto se encuentran: Gobernación, la Comisión Reguladora de Energía, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Turismo y Oficina de la Presidencia de la República.
En el caso del análisis por función, tanto las finalidades Gobierno como Desarrollo Social aumentan su presupuesto en 17.3% y 34.9%, respectivamente. Mientras que Desarrollo Económico tiene 10.0% menos recursos. Aunque en el agregado el gasto destinado al Desarrollo Social se incrementa, hay funciones que impactan directamente en el nivel de vida de la población y que han observado recortes a lo largo del tiempo, como en el caso de Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior; Protección Ambiental y Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales, por mencionar algunas.
En el presupuesto se manifiestan las prioridades del gobierno y la ciudadanía debe estar pendiente del correcto uso de sus recursos, así como de los resultados alcanzados por las distintas dependencias de la APF, para estar en posición de tomar mejores decisiones de manera informada. El análisis del CIEP puede consultarse en www.ciep.mx
